La autosolidaridad de los empleados públicos se queda sin gafas ni brackets

El mayor gesto de solidaridad del Ayuntamiento de Almería está entre sus propios asalariados. Es el Fondo de Acción Social (FAS), que en este 2012 ha destinado 1.200.000 euros a pagar gastos de los funcionarios y personal eventual, y sus familiares, que no cubre la seguridad social. Son gafas y lentillas, ortodoncias y empastes, corrección quirúrgica de problemas de visión como la miopía, entre otras ayudas, como la compra de la primera vivienda, reformas en la misma, cursos, material escolar, fallecimientos y un envidiable etcétera al que el equipo de gobierno del PP ha cerrado el grifo durante dos años. ¿Privilegio o derecho consolidado? El debate está en la calle cuando el ciudadano sufre también subida de impuestos y tasas.

El funcionamiento del FAS se ajusta a un reglamento, que estipula quiénes pueden acceder a este fondo, para qué conceptos y cuales son las cantidades y en qué plazos ha de solicitarse. Del fondo se benefician el servicio activo funcionario de carrera, laborales fijos y temporales, interinos con una antigüedad superior a los seis meses y el personal eventual como los asesores. Son unas 900 personas aproximadamente las que reciben este abrigo, que también cobija a sus cónyuges y parejas de hecho, así como a los hijos menores de edad y hasta los 28 años en el caso de que se encuentren desempleados. También acceden al Fondo de Acción Social los jubilados y pensionista, aunque de forma limitada. A través del FAS, cada empleado público puede solicitar para él o su familia una cantidad máxima de 6.000 euros al año en distintos conceptos, que se amplía a 9.000 en el caso de las familias numerosas.

Las ayudas por tratamientos de odontología y ortodoncia, como los brackets, son abonados al cien por cien, siempre que el importe total no supere los 2.4000 euros al año. El tope máximo es de 465 euros para las gafas graduadas, incluyendo la montura, cantidad que cada dos años se eleva a 830 euros si en el ejercicio anterior no se pasó ninguna factura por este concepto, ni del beneficiario directo ni de ningún miembro de la familia. Además de otro pico que cubre las lentillas, muchos funcionarios han vencido el miedo a la intervención quirúrgica operándose la vista al contar con ese empujón de 1.850 euros para hacer frente a la minuta médica.

Hay ayudas para audífonos (1.200 euros), ortopedia (900), y mensuales de 100 euros que cubren la factura del psicólogo o del tratamiento para dejar de fumar. El FAS tiene su vertiente social, concediendo 250 euros por cada hijo nacido o adoptado, 1.100 euros perciben los familiares por fallecimiento del empleado público, 110 euros mensuales aquellos que tengan a su cuidado personas con una discapacidad igual o superior al 50%. Hay ayudas de 600 euros para la compra de una vivienda de residencia habitual y para llevar a cabo reformas. El Ayuntamiento concede 200 euros al año y unidad familiar por actividades deportivas y culturales, 90 euros mensuales para pagar la guardería y cantidades que varían desde los 200 euros a los 1.000 euros por hijo para material didáctico complementario desde la ESO a la universidad. De este Fondo también sale el dinero para pagar el seguro médico del convenio. El alcalde y los concejales de la Corporación son asistidos de igual manera por la Clínica Navarra.

Estas cantidades de dinero que el equipo de gobierno pretende ahorrarse mientras que se prolongue la crisis económica forman la llamada bolsa solidaria que este año acaba, justo cuando cumple 20 años de vida. A principios de la década de los 80, en el Ayuntamiento de Almería convivían en batiburrillo diversos convenios colectivos. Algunos de ellos ya contemplaban partidas de beneficencia. Son el germen del Fondo de Acción Social, que fue creado en 1992, durante el mandato de Fernando Martínez. "Y durante otra crisis económica y es que en este tipo de cosas, o crees o no crees", apunta el portavoz municipal del PSOE, Joaquín Jiménez. "No es un privilegio, son derechos adquiridos durante muchos años de negociación y ese dinero sale de la masa salarial de los trabajadores", recuerda el portavoz de Izquierda Unida, Rafael Esteban.

Esto es así. Desde el 92, el tres por ciento de las nóminas nutre el FAS, que nació con la filosofía de favorecer a los empleados que menos ganan, si bien, también es cierto que con los años, y varios reglamentos, este concepto solidario se ha ido desvirtuando. El actual reglamento, aprobado durante el primer mandato de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (2003/2007), no diferencia las rentas de los solicitantes, por lo que un ingeniero (del Grupo A), puede acceder a la misma cantidad de ayudas que un ordenanza (del Grupo B).

De una u otra manera estos privilegios o derechos consolidados -sea cual sea la lectura-, se acaban. Pese a que el colchón económico ha ido menguando conforme ha ido disminuyendo la familia municipal (de 1.300 trabajadores a 900), el equipo de gobierno considera que es la mejor salida para reducir el capítulo de Personal, sin tocar el sueldo base y sin tener que despedir. Una tijera que afecta, según avanza el PP, a la totalidad del presupuesto.