Una campaña electoral adelantada viene a sumarse ahora a los mil y un problemas por los que ha pasado El Cañarete. Un enfrentamiento entre administraciones, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que parece tener un transfondo político de fondo. Un despropósito, uno más, que se une lista tan larga como la propia carretera N-340a.

Hace apenas unas semanas la diputada nacional del PSOE, Sonia Ferrer, advertía de que las obras para consolidar el talud de El Cañarete no concluirían antes del verano. El subdelegado, Andrés García Lorca, se enrocaba entonces y defendía a capa y espada que concluirían a finales de mayo. Sin embargo, en aquel momento este último ya sabía que no contaba con la autorización ambiental que debía emitir la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Así lo trasladó ayer García Lorca a los medios durante una comparecencia que no era sino un tour de force final para conseguir que el Gobierno andaluz autorizase de una vez las actuaciones. Aunque García Lorca no quiso hacer esa lectura abiertamente, se podría interpretar que el PSOE ya sabía que la Junta no había facilitado este documento cuando Ferrer realizó sus declaraciones. Yendo un paso más allá, podría pensarse que se pudiese buscar algún rédito electoral de cara a los comicios del próximo 26 de junio. Otra cuestión, que tampoco es baladí, es que las obras del muro de contención no han parado, aunque se han visto frenadas. De hecho, el golpe en la mesa de García Lorca se materializó en forma de un ultimatum: Si no se recibía la autorización, las obras pararían el lunes y se estudiaría si era preciso cerrar de nuevo la vía al tráfico. Lo que hace cuestionarse también si las intervenciones para levantar el muro que debe sostener el talud rocoso se han hecho cumpliendo las exigencias administrativas, ya que el propio subdelegado admitió que la Junta tenía "capacidad para decirme que quite lo que se ha hecho".

Y todo ello por una mera cuestión estética. Hasta ese punto había llegado el pulso entre Gobierno y Junta. Claro que en este caso se habla de una carretera donde hasta las cabras tienen su parte de culpa. En concreto, la de los desprendimientos que a inicios de abril tuvieron lugar en un tramo de El Cañarete más próximo a la capital almeriense. En cualquier caso, desde la madrugada del 2 de noviembre de 2015, la carretera que servía para que miles de vecinos de Almería y Aguadulce realizan sus traslados, se ha convertido en una manzana envenenada. Apenas un día después delos desprendimientos, la Subdelegación del Gobierno anunció que El Cañarete permanecería cerrado

al tráfico de forma indefinida aún cuandolas rocas desprendidas fuesen retiradas, debido al riesgo que existía para los conductores. Se prometió entonces la reapertura en un "plazo relativamente corto" que dependía del estado de un talud que, a la postre, demostró estar agonizando.

Comenzaba así un culebrón que está lejos de acabar. Unos días más tarde se concretó la creación de un nuevo acceso a la autovía A-7 a través de Las Colinas de Aguadulce para aliviar la congestión que sufría esta vía desde que fue cerrada al tráfico la carretera N-340a. La Dirección General de Carreteras declaró la urgencia de esta actuación, lo que permitió dejar a un lado los trámites administrativos habituales. Declaración que también recibió la restauración y estabilización de la zona en la que se produjeron los desprendimientos, con la que se pretendía coser la roca madre con una maquinaria especial. Estas obras contaron con una partida de más de 761.000 euros, másde 463.000 eurospara la estabilización del macizo rocoso desprendido, construyéndose un muro de hormigón en la base del talud con objeto de estabilizarlo. No sería hasta el 30 de marzo que se autorizaría una segunda fase, tras un parón forzoso en las obras y aperturas parciales, completas y de nuevo parciales, de la carretera.