“El cáñamo no es marihuana”. Es la respuesta clara y concisa de varios de los investigados tras una intervención de 125.000 plantas en siete fincas invernadas y un secadero. Lo hacen a través de un comunicado remitido a este periódico en el que insisten en que, “al igual, que otros cultivos de cáñamo industrial en toda la provincia de Almería, el cultivo de cáñamo contaba con todos la documentación pertinente, que por otro lado, sobre todo en Almería, han originado incautaciones y detenciones de agricultores, como es el presente caso”. “Todo ello, sin perjuicio que existen sociedades que han realizado la misma actividad, con la misma documentación y no han sido intervenidos o ni siquiera investigados para mayor inseguridad jurídica, inciden.

Además, según manifiestan, el sector del cáñamo industrial es “incipiente, sostenible y con muchas propiedades y beneficios a la sociedad y en concreto a la zona agrícola privilegiada de Almería”. “Si bien, es cierto que las leyes son antiguas, de 1967 concretamente y no se acogen a la realidad actual, habiendo aspectos controvertidos como el uso para extracción de CBD, que se esta permitiendo cada vez más en todo el mundo y en Europa”, matizan. Por ello, consideran que se está produciendo una “interpretación errónea de la ley, que está siendo corregida por los tribunales en una absoluta mayoría de casos”.

“Pues lo importante, no es tanto el fin sino si nos encontramos ante una droga, y las plantas certificadas por la Unión Europea como es el caso nuestro de las encontradas no están prohibidas”, subrayan. Asimismo indican que los cultivos habían sido comunicados a la Guardia Civil y a las autoridades competentes de la Junta de Andalucía.

También se refieren a las jornadas sobre el cáñamo industrial “Cáñamo: Medio Ambiente, Salud y Legislación”, que contaron con el patrocinio del Ayuntamiento veratense y fueron promovidas por ‘Natura Living’, cuyo representante, Indalecio Modesto, que concurrió en 2019 a la Alcaldía de Vera por Ciudadanos, y lamenta haber sido identificado públicamente tras su investigación. Insiste en que “hace tres años que está fuera de la política” y ya no es un “personaje público” ni candidato de ningún partido político.

En cualquier caso, los afectados resaltan que en estas jornadas no se “promocionó acción alguna”, sino que tuvieron un carácter informativo. Además, recalcan que ningún cultivo de los firmantes del comunicado estaba dirigido a la “extracción de CBD o venta de flor, ni ningún otro tipo de manipulación”.

Asimismo, sobre el los usos industriales del cáñamo, afirman que “se ha de partir de la base de que el tanto el CBD como el CBG están incluidos en la lista de sustancias que se pueden utilizar con fines cosméticos”. En esta línea, remarcan que “cada vez más países de la UE, como Francia, Republica Checa o Italia permiten la extracción del CBD de toda la planta”. “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró recientemente que el extracto de CBD derivado de todo la planta de cáñamo certificado es mercancía legal”, apostillan.

Explican que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) restringe su extracción de las hojas y tallos y declara “fiscalizado cualquier tipo de extracción por lo que para esto habrá que contar con su autorización”. “También parte de la base la AEMPS de que la flor es droga exclusivamente por su formato (...) Pero esto no se puede interpretar aisladamente del concepto de droga, que supone unos efectos que el cannabis certificado no da tanto por su bajísimo o nulo contenido en THC como por la presencia del CBD que anula su efecto (...) El THC, es decir el componente psicoactivo de la planta (...) se descubrió en 1964, así que... ¿Cómo se va partir de una premisa que no contempla esta realidad científica?”, concluyen.