Las cartas del Ayuntamiento colapsan (aún más) Correos

Hasta inicios de 2018, Unipost, que en su momento se convirtió en el primer operador postal privado de España, era el encargado de hacer llegar a los almerienses de la capital todas y cada una de las notificaciones del Ayuntamiento (multas, recibos del IBI...). Pero la empresa terminó por hundirse en Almería y con ella su reparto. Sumando meses de tardanza a la hora de hacer llegar las notificaciones a los ciudadanos. El Ayuntamiento de Almería decidió rescindir el contrato y, sin nadie más a la vista, el 'muerto' le cayó a Correos, que ya tenía bastante con lo suyo, pues en Almería suma años con una plantilla que solo cubre el 70-80% de sus necesidades. Así que, blanco y en botella, las notificaciones municipales han terminado por colapsar Correos. Así lo apuntan fuentes sindicales, que mediante de Almería, han llevado a la fiscalía el caso alegando que "se tiene retenida la correspondencia de manera totalmente ilegal por parte de los responsables de la empresa pese a que se les ha advertido del auténtico caos organizativo que tienen". Esta es una medida que ya se ha llevado a cabo por parte del mismo sindicato en Barcelona y que podría tomar forma en otras ciudades como Gijón, que se encuentra en una situación similar.

En la denuncia, SiPcTe apunta que "no se sustituyen las bajas de trabajadores ni la totalidad de las vacaciones del personal y, además, hay secciones sin asignación de personal que asumen los propios empleados". Con todo esto, según argumentan, "actualmente hay más de 2.000 envíos pendientes de entregan, que son notificaciones administrativas, además de paquetería y demás envíos". Pero según el sindicato, y este es otro motivo de peso por el que recurren a la fiscalía, "los responsables del sector de Correos en la provincia de Almería dan instrucciones a los jefes de Unidad para que estos no den de alta en el mismo día, dentro del sistema informático que utiliza Correos, a las masivas notificaciones administrativas. Teniendo esto como único objetivo que no se pueda comprobar por parte de los remitentes (Diputación), Ayuntamiento, Seguridad Social AEAT, etc...) cuál es el estado de la notificación".

Según el escrito remitido por SiPtce a la fiscalía, "la mayoría de los jefes de oficina se niegan a esta práctica fraudulenta, pero son amonestados telefónicamente o en persona para que lleven a cabo tal práctica".

De tal forma, en la denuncia argumentan que "los trabajadores titulares o en turno de mañana, más conocedores del servicio de Correos, se niegan también a llevar a cabo estas prácticas, por lo que se les entrega a los repartidos del turno de tarde, que son trabajadores jóvenes de nuevo ingreso, con menor experiencia con contrato de obra y servicio determinado, para que realicen entregas de primer intento por la tarde en un número imposible de asumir, ya que la propia empresa, en su información interna, indica que deben realizarse una media de entrega o intento de 10 notificaciones a la hora cuando en realidad se presiona para que se entreguen entre 60 y 80 en cuatro horas, además del resto de la correspondencia". Ante esto, el sindicato expone "la presión sobre los trabajadores y responsables, generando estrés y conflictos permanentes ya que los trabajadores de la tarde avisan la mayoría de las notificaciones o quedan sin repartir, como es el caso de la unidad de reparto número uno, por falta de personal y de recursos a la que deben hacer frente, además de las quejas de los vecinos".

En definitiva, para el sindicato, el motivo del escrito es "informar y poner en conocimiento de la Fiscalía que la situación es a todas luces ilegal y ha llegado a un límite intolerables que supone una práctica generalizada". De la misma forma, desde el sindicato entienden que deben conocer la gravedad de la situación "con el objeto de adoptar todas las medidas que sean necesarias para que cesen inmediatamente las posibles actuaciones ilícitas y penalmente punibles".