El 'caso facturas' llega por fin a los banquillos de la Audiencia

Llegó el día. Los acusados del caso 'Facturas' se sientan por fin esta mañana en el banquillo ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Será en una sesión que se centrará en cuestiones previas por parte de las partes personadas en la causa, tal y como pasó en el juicio del caso 'Costurero' de Zurgena', de forma que las sesiones se verán interrumpidas hasta el próximo 11 de diciembre. Será entonces cuando toda la carne se ponga en el asador y se celebren el resto de las 18 sesiones señaladas para llegar prácticamente a finales de enero, con un forzoso parón en Navidad. Así pues, la de este miércoles será una sesión más técnica en la que se podrán presentar nuevos documentos para su inclusión en el juicio pero en la que no se puede descartar el acuerdo previo con el Ministerio Público de alguno de los 18 acusados. Por ello, no será hasta diciembre que declaren los investigados, entre ellos el expresidente del Patronato de Turismo y exvicepresidente de la Diputación de Almería y la exsecretaria de dicho organismo, María Teresa González Rivera, para los que el Ministerio Público solicita siete años y nueve meses y nueve años años y diez meses de prisión, respectivamente. Además pide la inhabilitación para cargo público del socialista durante 19 años y medio, así como el pago de una indemnización a la Diputación de Almería de 763.752 euros; mientras que reclama a González Rivera el pago de otra indemnización a la Institución Provincial de 769.134 euros.

La calificación del fiscal, a la que tuvo acceso Diario de Almería, acusa de diversos delitos contra la administración pública a un total de 18 personas, incluidos los ya citados, además de a empresas como 'Publifiestas Conde', cifrando en más de 769.000 euros el dinero defraudado por estos con facturas falsas a la Diputación de Almería, interesando penas que van desde un año y diez meses hasta siete años y meses de prisión, e indemnizaciones de diversa cuantía para cada uno de ellos. La Fiscalía se ceba especialmente con el empresario Joaquín Conde, de 'Publifiestas Conde', y los administradores de la agencia de viajes Leitour, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos, para los que pide las mayores penas de cárcel e indemnizaciones, sin contar a Pérez Montoya y González Rivera. Según el fiscal, el exvicepresidente provincial y la exsecretaria del Patronato Provincial de Turismo, acordaron a finales de septiembre de 2007 un "plan para apropiarse de fondos públicos" de este organismo público y "quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas", por el que se hicieron con un total de 690.202,65 euros. El fiscal apunta que estos "se concertaron con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios" para que elaborasen facturas por unos servicios que "no se prestaban o bienes que no se entregaban" en las que se indicaba como concepto "servicios que podrían ser propios del organismo autónomo", y que eran selladas y rubricadas por cualquiera de los acusados.

Pero los hechos no se quedan ahí porque, según el Ministerio Público, ambos idearon "otro sistema para apropiarse o destinar fondos del Patronato a fines particulares y por completo ajenos a la actividad del referido organismo mediante la utilización del anticipo de caja fija", con el que se hicieron con unos 73.000 más. Así, estos dos acusados justificaron sus gastos privados y los de otras personas haciéndolos pasar por gastos de la actividad propia del Patronato de Turismo.

De este modo, entre los meses de enero de 2008 y diciembre de 2010, aportaron al Patronato un total de 697 facturas o tickets en su gran mayoría correspondientes a gastos de restauración que no se correspondían a gastos efectuados en el desarrollo de la actividad propia del Patronato. Estas facturas en su mayor parte fueron conformadas por María Teresa González Rivera, según el fiscal. Lo curioso del caso es que al registrar estas facturas, hacían constar que los gastos habían sido realizados por el gerente del Patronato de Turismo, que permanecía ajeno a esta actividad y que no había participado en los hechos. En aquella época este puesto estuvo ocupado por Antonio Cantón y Francisco Iglesias.

Volviendo a los empresarios, el principal afectado es Joaquín Conde, quien entre el 17 de noviembre de 2008 y el 20 de junio de 2011 confección 24 "facturas simuladas" por un importe de 233.536,28 euros, por la supuesta elaboración de material publicitario para ferias de turismo, gorras, llaveros, pins, bolsas, cajas de cartón serigrafiadas, soportes publicitarios, folletos, etc.

Por su parte, Francisco Javier Guerrero y Arístides Javier Martos, de viajes Leitour, habrían confeccionado 107 facturas por 411.525,24 euros. De esta cuantía, sólo 49.065,02 euros fueron servicios reales mientras que el resto eran viajes "a nombres de personas simuladas que tampoco se habían efectuado", y que presuntamente fueron realizados por María Teresa González Rivera, Luis Pérez Montoya, Joaquín Conde y Juan Antonio Bisbal. Este último nombre, el de Bisbal, exadministrativo del Grupo Municipal Socialista de Almería, es otro de los que se repite en distintos puntos de la calificación, como intermediario en distintas operaciones, e incluso como beneficiario de un iPhone entregado por la empresa TCM al Patronato, que además se encargaba de pagarle la factura mensual. Otras empresas implicadas son Guerreros y Martos SL, Viajes Ejisol, Viajes Viconos, el Club Polideportivo Goya, el Club Deportivo Voleibol de Almería y Bergasan SL.