El alivio municipal ante una de las reclamaciones judiciales de mayor calibre de los procesos abiertos contra el Ayuntamiento de Almería se desvanece. La sociedad limitada Joisan, promotora del centro comercial de El Toyo, ha vuelto a demandar al Consistorio, esta vez por la vía civil, reclamando la resolución contractual de la compraventa de la parcela y con ello el reintegro del precio que la sociedad pagó por los terrenos, más costes, gastos, tasas, primas y cuotas por un valor calculado de 18.224.871,74 euros exactos. Más intereses legales, más todos los gastos derivados de la titularidad del suelo -como las cuotas a la Entidad de Conservación del residencial turístico-, más el lucro cesante, más indemnizaciones por daños y perjuicios provocados por la publicidad engañosa que la parte demandante achaca al Ayuntamiento en su promoción durante la enajenación de las parcelas del resort y por el incumplimiento en la ejecución de las infraestructuras y equipamientos comprometidos, como el desdoblamiento de la carretera. Cuestiones éstas que pueden elevar la cifra -a cuantificar en la ejecución de la sentencia-, pero donde también hay otros múltiplos que podrían dispararla como son indemnizaciones por haber invadido la central de riego y depuradora la parcela comercial. Joisan pide también al Juzgado de Primera Instancia de Almería que condene al Ayuntamiento a llevar a cabo, a su sola costa y de forma inmediata, los viales, equipamientos y suelos de interés público que deberían estar en su totalidad terminados en 2010. Y no son pocos: un rosario.

La sentencia del TSJA ponía fin en octubre de 2016 al contencioso administrativo iniciado por Joisan tres años antes y, si bien el Alto Tribunal no atendió la reclamación de la promotora, tampoco entró en el fondo del asunto al considerar que la vía adecuada para ello es la civil. Dicho y hecho. El Juzgado de Primera Instancia tiene en su haber ya la temida demanda, de una contundente dureza desde la primera hoja hasta la última 54, con mil fundamentos para hacer entender que aquello de El Toyo de "alto standing" no ha sido, según se desprende de los datos recabados en la demanda, más que una falacia con una "tan brutal depreciación de los solares" debido a los también "brutales incumplimientos del Ayuntamiento".

Respaldados con informes de peritos, de un catedrático de Economía y tasaciones de una empresa avalada, la extensa demanda desgranada las bonanzas que en su día fueron vendidas de El Toyo y lo que a día de hoy es "un lugar fantasmal".

O lo que es lo mismo, las expectativas generadas y el proyecto comercial frustrado debido, explican, a que las condiciones prometidas por el Consistorio no se han cumplido. Ni siete hoteles de lujo, ni playa regenerada, ni las instalaciones y servicios, como centros de enseñanza, locales comerciales o una iglesia, entre otras muchas, han estado listas, pese a la existencia de un plan de etapas, en el que se contemplaba los plazos tope en los que debían estar terminados, siendo 2010 el año de la conclusión en su totalidad del residencial turístico, con más de 4.000 viviendas construidas, una población estimada de casi 15.500 residentes -hay poco más de 3.000- , y unas comunicaciones trascendentales para el desarrollo de El Toyo.

Las infraestructuras viarias constituyen uno de los principales argumentos de Joisan para llevar de nuevo a los tribunales al Ayuntamiento, que actuó, además, como promotor de la urbanización. Junto a esta responsabilidad, que "compromete al Consistorio legalmente", y como complemento comprometedor de la misma, la UTE repasa la génesis urbanística en la que a lo largo de las diferentes figuras de planeamiento (PGOU, PAU o PP), la Administración local ha venido programando el acceso a El Toyo desde la variante N-340, el desdoblamiento de la autovía del aeropuerto hasta Retamar y el nuevo viario costero. Los accesos, una cuestión fundamental para el desarrollo comercial de la parcela terciaria, estaban pues comprometidos en el momento en el que, 2006, la promotora se hizo con los terrenos pagando por ellos la cantidad de 14,5 millones.

Hubo obras, sí. Pero quedaron medio hacer pese a la necesidad reconocida en dichas figuras de planeamiento y en las manifestaciones públicas que a lo largo de estos últimos tres lustros han trasladado los diferentes responsables municipales, abordando el desdoblamiento como una "cuestión necesaria e imprescindible", si bien, siete años más tarde de que el plan de etapas haya tocado su fin, solo hay ejecutado un tramo. "Al no ejecutarse el desdoblamiento de la carretera Al-12 se lastra el desarrollo del centro comercial previsto por Joisan, que es inviable con un viario saturado", expone la parte demandante, que añade en su escrito que "todas las empresas inversoras, a causa de la falta de infraestructuras, o han entrado en concurso de acreedores o se encuentra con sus hoteles y locales cerrados y sin provecho comercial alguno".

Desde el Ayuntamiento, se ha venido justificando la desaparición presupuestaria de la segunda fase del desdoblamiento en la crisis económica. Un argumento que es refutado en la demanda con variados razonamientos, entre los que destacan los pingües beneficios que ingresaron las arcas municipales de la venta de las más de 569 hectáreas de El Toyo. Su enajenación supuso la entrada de una cifra superior a los 300 millones de euros, mientras que las estimaciones técnicas de lo realmente invertido en la ejecución de todo lo anunciado para hacer realidad esa nueva ciudad "no ha soprepasado los 85 millones de euros". La cuestión que se le plantea al Juzgado es "¿adónde han ido a parar tales ingentes beneficios superiores a los trescientos millones? A urbanizar El Toyo en las condiciones previstas en el planeamiento, desde luego, que no. Y no -se remacha en la demanda- por razones de crisis inmobiliarias, puestos que esos ingresos son anteriores a 2009", año en el que cayó la economía.