A los colegios concertados y privados de Almería y el resto de España no les gusta la nueva ley educativa que se está tramitando en el Congreso, la Lomloe. Escuelas Católicas de Almería, CECE Almería, FSIE Almería, feUSO Almería y FECAPA Almería, organizaciones nacionales con representación en nuestra provincia e integradas en la Plataforma de Concertados y representadas en nuestra provincia de Almería, con mas de 20 centros, unos 700 profesores y 10.000 familias han acordado movilizarse en contra de la LOMLOE. Lo harán en el marco de una gran campaña nacional que bajo el eslogan de “Más Plurales, Más libres y Más iguales” pretende trasladar a la opinión publica y a los grupos políticos “el amplio rechazo social que causa esta reforma”.

Según los representantes de la concertada y de la privada, la LOMLOE “supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Añaden, que esto es así “al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos”.

Manifiestan que, para hacerlo, se inventa un “derecho a la educación pública”, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados”.

El colectivo explica que la norma lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos. Asimismo, agregan, posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y “resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres”.

Critican que la norma no solo no avanza en la homologación de los profesores de ambas redes, sino que amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y el futuro tanto de la educación diferenciada a la que aboca a no financiarse con fondos públicos y a su desaparición como opción pedagógica, como de los centros específicos de educación especial.