Condenados por falsificar firmas de alumnos para cobrar subvenciones de la Junta para formación en Almería

Los cuatro administradores y responsables de dos empresas de formación de Almería han aceptado una pena de nueve meses de prisión cada uno por falsificar las firmas de supuestos alumnos para justificar y cobrar subvenciones de la Junta de Andalucía, evitando así el ingreso en la cárcel tras devolver el dinero defraudado y reconocer los hechos.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería y a la que ha tenido acceso EFE, es fruto de un acuerdo de conformidad entre la defensa de los acusados, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la Junta de Andalucía, pacto que ha permitido una rebaja sustancial de las penas, dado que el Ministerio Público solicitaba inicialmente dos años y medio de prisión para cada procesado.

Los condenados son Juana L.L. y su esposo Ángel C.M., administradores de la mercantil 'Liceo Superior Agronómico S.L.'; y Óscar Agustín P.G. y Lucía G.V., responsables de la empresa 'Innovación Humana Consultores y Asociados S.L.'.

Ambos matrimonios o socios comerciales han admitido la autoría de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Los hechos declarados probados se remontan al año 2012, cuando la Dirección Provincial de Empleo concedió a 'Liceo Superior Agronómico' una subvención de 37.972,50 euros para impartir un curso denominado "productor de plantas agrícolas".

Esta sociedad contrató a su vez a 'Innovación Humana' para la gestión administrativa, la captación de alumnado y la docencia.

Según recoge el fallo, ante las "dificultades para encontrar alumnos que quisieran efectuar el curso y asistir a las correspondientes clases", y ante el riesgo real de no percibir la subvención pública, los cuatro acusados decidieron "de común acuerdo" imitar las firmas del estudiantado.

Esta falsificación se llevó a cabo tanto en los modelos oficiales de solicitud de participación como en los partes de control de asistencia semanal.

El fallo judicial detalla que los procesados certificaron la presencia de personas que "nunca tuvieron intención de participar en el curso ni conocimiento de que figuraban como alumnas".

Asimismo, en otros casos donde las firmas eran auténticas, los estudiantes firmaban las hojas en blanco o sin haber asistido realmente a las clases, de tal forma que se emitieron certificados administrativos falsos para incorporarlos al expediente y liberar los fondos públicos.

La reducción de la condena —de los 30 meses iniciales a los 9 meses definitivos— ha sido posible gracias a la aplicación de dos circunstancias atenuantes: la de dilaciones indebidas, dado que la causa ha sufrido paralizaciones y el juicio se ha demorado más de una década desde los hechos, y la de reparación del daño.

En este sentido, los acusados consignaron antes de la vista oral la cantidad de 18.986,25 euros, cifra fijada como responsabilidad civil por el dinero cobrado indebidamente, indemnizando así conjunta y solidariamente a la Administración autonómica.

Además de la pena de prisión, que ha sido suspendida por un periodo de dos años condicionada a no volver a delinquir, se les ha impuesto una multa de nueve meses con una cuota diaria de tres euros. Esta sanción económica también supone una reducción drástica respecto a la petición original del fiscal, que reclamaba una multa de doce meses a razón de 12 euros diarios.