Condenan al patrón de una patera que empujó al mar a un cabo del ejército en la Isla de Alborán

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por un hombre condenado por transportar en una embarcación a 22 migrantes hasta la isla de Alborán, portar cocaína y hachís con destino al tráfico y empujar al mar a un militar que trataba de detenerle.

Con esta decisión, queda firme la condena a 10 años y 9 meses de prisión impuesta en mayo de 2025 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que había revisado parcialmente la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Almería.

El condenado, de nacionalidad marroquí y en situación irregular en España, deberá cumplir 6 años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, 3 años de prisión y una multa de 50.000 euros por tráfico de drogas, y 1 año y 9 meses de prisión por delito de atentado contra agente de la autoridad.

Además, se le impone el pago de una indemnización de 280 euros a uno de los militares lesionados y las costas del procedimiento. La condena incluye la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de cumplimiento.

Los hechos se produjeron el 22 de mayo de 2023, cuando el acusado patroneó una embarcación semirrígida de unos 13 metros de eslora, equipada con cuatro motores de alta potencia, en la que viajaban 22 personas procedentes de Marruecos, entre ellas un menor. Según la sentencia, el acusado realizó la travesía durante horas de la noche y sin contar con medios mínimos de seguridad, navegación o salvamento.

La embarcación encalló finalmente en la zona del muelle de poniente de la isla de Alborán, donde efectivos del Tercio de Armada se encontraban desplegados. En ese momento, los ocupantes descendieron hacia tierra mientras el acusado trataba de devolver la embarcación al agua.

Cuando un cabo del Ejército, debidamente uniformado, intentó subir a bordo para detenerlo, el patrón lo empujó, provocando su caída al mar y causándole lesiones leves que requirieron asistencia facultativa.

Durante la detención, los militares hallaron entre las ropas del acusado 189,8 gramos de resina de cannabis y unos 23 gramos de cocaína de alta pureza, sustancias que, según las resoluciones judiciales, estaban destinadas a su distribución y no al consumo propio. También fueron intervenidos teléfonos satelitales, dispositivos GPS y efectos relacionados con la travesía.

El Supremo considera que tanto la Audiencia Provincial como el TSJA valoraron correctamente la prueba practicada, basada en los testimonios de los militares actuantes, corroborados por informes periciales y documentación incautada. El tribunal subraya que no se aprecia vulneración del derecho a la presunción de inocencia ni error en la valoración probatoria, y que la defensa no aportó una versión alternativa verosímil.