Un consejero de Elsur dice que el papel de Enciso era "formal" con "acotaciones puntuales" al gerente

El exalcalde Juan Enciso llega al palacio de exposiciones y congresos de Aguadulce. / Rafael González

El presidente de Befesa, Javier Molina, quien ostentó el cargo de consejero de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido entre 1995 y 2004, ha definido el papel del exalcalde Juan Enciso en el seno del Consejo de Administración como "formal" y ha dicho que "solía intervenir puntualmente, haciendo acotaciones a las explicaciones que daba el gerente de Elsur al seguimiento de determinados trabajos".

"Enciso era el presidente del consejo de administración pero no era una presidencia ejecutiva, era formal, y, al margen de las acotaciones basadas en sus conocimientos del municipio al gerente, poco más hacía", ha trasladado Molina a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en su declaración como acusado en el macrojuicio del caso 'Poniente' por una presunta trama de corrupción política y empresarial que habría detraído de las arcas municipales de El Ejido más de 71,1 millones de euros entre los años 2002 y 2009.

Cabe recordar que las acusaciones mantienen que el exregidor, junto al exinterventor municipal José Alemán, habrían consentido las actividades ilegales que se llevaban en el seno de la empresa mixta "a cambio de prebendas". Ellos, según el fiscal, habrían "permitido el lucro ilícito" del resto de miembros de la supuesta trama "haciendo caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio".

El presidente de Befesa también se ha referido a Alemán a preguntas del fiscal y ha asegurado que "no tenía ningún papel, ni ningún cargo en Elsur". "Era consejero a propuesta del Ayuntamiento con un gran conocimiento sobre la situación financiera, que sobre todo intervenía para aclarar plazos de pago, o describir cómo se iba regularizando la deuda. No tenía ninguna intervención relevante y solo intervenía cuando el gerente hablaba de temas técnicos", ha remarcado ante el tribunal de la Sección Tercera presidido por la magistrada Társila Martínez.

Molina ha declarado junto a Justo Bolaños, consejero de Elsur y director de administración de Agua y Gestión entre 2004 y 2014, y el también miembro del consejo de administración, Antonio Marín en la cuarta sesión de la vista oral en la que se les atribuye presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, y delito contra la hacienda pública, entre otros.

Los tres han coincidido, en la misma línea apuntada por los exconsejeros de Elsur por parte del socio privado o Grupo Abengoa que les han precedido, en que el consejo "no tenía funciones ejecutivas" y en que el director general o gerente "tenía las competencias delegadas" y "decídía sobre las subcontrataciones" bajo sospecha en el juicio, si bien han matizado "que nunca se hizo reproche a su gestión".

"Por lógica un consejo de administración que se reúne 11 veces al año no puede autorizar los contratos, adquisiciones y suministros por el elevado número diario", ha señalado en este sentido el presidente de Befesa, quien ha añadido que, en su condición de consejero, "tenía conocimiento, por supuesto, de se hacían subcontrataciones porque esa obra fuera de canon no podía ser asumida por los recursos de Elsur, eran obras imprevistas, pero esas subcontrataciones nunca pasaron por el consejo, ni se aprobaron, ni se autorizaron".

Antonio Marín ha señalado al respecto en su declaración que esa delegación "para la gestión ordinaria de la sociedad y el 'día a día' era habitual en Abengoa y se ha sumado a que, en el seno del consejo de administración, había un "lígero conocimiento pero sin detalle" de las subcontratas pero "no de cómo se seleccionaban ni de cuál era la mecánica de contratación".

Justo Bolaños ha declarado que en el consejo de administración, entre otras cuestiones, sí se abordaba la situación de tesorería de la empresa mixta, "normalmente alarmante siempre debido a la falta de pago en tiempo y forma del cliente principal, que era el Ayuntamiento de El Ejido" y ha afirmado que, a su juicio, "no tenían motivos para sospechar que la facturación" que se hacía a Elsur "no correspondieran a conceptos reales y valorados a precios de mercado como atestiguan las cuentas anuales y las auditorias".

Ha ratificado que, entre el canon que calculaba Elsur y el canon que aprobaba el Ayuntamiento se hacía "una revisión a la baja después de un proceso de negociación" y ha afirmado que el canon "era una parte importantisima de la cifra de negocios de la sociedad", participada en un 70 por ciento por empresas que el sumario denomina Grupo Abengoa.

SOBREFACTURACIÓN CON 'FEE' Y 'EXTRA-FEE'

El interrogatorio de la Abogacía del Estado ha vuelto a girar fundamentalmente en torno a la facturación de los servicios denominados 'Fee' y 'Extra-fee' y que, según la Fiscalía, sirvieron para "sobrefacturar" en "concepto de gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento que "no se prestaron" con una mecánica que indicaría "claramente que el socio privado de Elsur decidía primero la cantidad de dinero que se iba a llevar y después confeccionaba el contrato, las facturas, los pedidos y resúmenes para tratar de justificar las cantidades facturadas".

Justo Bolaños, en su condición de director económico-administrativo de Aygesa, ha asegurado ser "conocedor de esas facturas" pero ha negado "elaborarlas" para señalar a "las personas mi cargo". Ha indicado que realizó "servicios de auditoria interna, planes para obtener financiación y otros asesoramientos" para Elsur "por su trabajo durante 13 años en una consultoría de primer nivel" y ha afirmado desconocer "porqué" se facturaban cuantías dispares por un mismo trabajo o "siempre se facturaba a final de año".

"Podría haber un nerror en la imputación de horas en cuanto a concepto de servicios, pero no errores globales en las horas facturadas a cada servicio o empresa", ha manifestado con respecto a lo facturado por Aygesa a Elsur.

Al ser preguntado por si, "tras 2.790 horas de asesoramiento facturadas", continuaba afirmado que "no tenía conocimientos de cuál era el coste de las subcontratas", ha respondido que estas "no tenían ninguna anomalía y que al examinar la contabilidad, no había elementos para sospechar que hubiera irregularidad en alguna de esas facturas".

El acusado Justo Bolaños ha indicado que los 'fee' y los 'extra-fee' "no se calculaban por que estaban en el contrato entre Elsur y Aygesa", era un "porcentaje fijo", ante lo que la Abogacía del Estado ha esgrimido que por este servicio "en 2008 se facturó a Elsur 3,9 millones de euros y 2,7 millones en 2009".

Javier Molina ha precisado que lo que ha calificado de "contraprestación de servicios del socio privado" es habitual que se "traduzca en un porcentaje sobre las ventas de la sociedad" y ha dicho que en la constitución de la sociedad en 1995 "no se recogían ni tácitamente, ni expresamente los 'fee' y 'extra-fee'".

"Los gerentes tenían plenos poderes"

Los dos consejeros de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido vinculados entre 2006 y 2009 a la parte privada denominada en el sumario judicial de la macrocausa Poniente como Grupo Abengoa que han declarado en el juicio han indicado que los "gerentes o directores generales tenían plenos poderes" para subcontratar, que "nunca" se aprobaron de "forma expresa contrataciones en el seno" del consejo de administración y que este "nunca fue ejecutivo".

En primero de los acusados en responder a las partes, a excepción de las acusaciones populares, en sala ha sido Manuel Fernández Heras, consejero y director de Producción de Aygesa, mientras que también ha comparecido Miguel Ängel Abad Chacón, representante en Elsur y Aygesa de El Monte, a la postre Cajasol. Ambos han dicho desconocer que, según el pliego de condiciones, Elsur no podía subcontratar o que el Ayuntamiento ejidense hiciese alguna advertencia al respecto.

La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Aygesa en la segunda etapa del supuesto entramado creado por el Grupo Abengoa para sobrefacturar a Elsur "detrayendo dinero de las arcas municipales" mediante sobrefacturación en "concepto de gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento que, en realidad, no se prestaron" y añade que, hacer "más opaca la ilegalidad que llevaban a cabo", desglosaron el concepto en otros dos; 'Fee' para "supuestos servicios generales prestados" y 'Extra Fee' para los "supuestos servicios bajo demanda prestados".

Esta mecánica, según el Ministerio Público, indicaría "claramente que el socio privado de Elsur decidía primero la cantidad de dinero que se iba a llevar y después confeccionaba el contrato, las facturas, los pedidos y resúmenes para tratar de justificar las cantidades facturadas", y de este modo "dar soporte documental a unos supuestos trabajos de apoyo a la gestión que, en realidad, no han existido".

Fernández Heras ha trasladado que en el consejo de administración "no se aprobaban de forma de forma expresa las contrataciones" ni "entraba en el proceso de aprobación del canon" aunque sí ha señalado que el "canon teórico", el que el socio privado presentaba, "era mucho mayor" y que una "negociación posterior entre el Ayuntamiento y Elsur lo dejaba en menos". "Presentábamos el canon teórico y el que se llevaba a aprobación era el otro", ha dicho.

Ha relatado que "tras el despido fulminante tras comprobar que las empresas que subcontrataban con Elsur eran suyas" de José Amate, acusado señalado como uno de los cabecillas de la presunta trama de corrupción, se le "retiraron" a sus mercantiles "las obras que estaban fuera de canon, no ligadas a contrato concreto", pero que en las obras "ligadas a canon se estudió la posibilidad de rescindir contratos pero los abogados dijeron que eran válidos y que era muy oneroso rescindir y que Elsur no podría asumirlo".

Sobre porqué se "pasaron" trabajadores de las empresas de Amate a Aygesur, lo ha desvinculado de la inspección que la AEAT realizó ese año al grupo y ha dicho que se hizo "porque iban a ir al paro, eran gente válida, y el problema era con Amate, no con sus trabajadores".

Se ha desmarcado también de los pagos de Elsur a Aygesa en concepto de 'Fee' y Extra-fee' aunque sí ha dicho que su papel en la empresa mixta era de "consultor senior": "yo pasaba las horas a personal y desconocía cuando se hacían las facturas", ha dicho para añadir que algunas de las facturas que cuestiona también la Abogacía del Estado respondieron a "servicios y contratos de asesoramiento que realicé".

En concreto, se ha referido a un Plan de Actuación Urgente de 2009 para renegociar el canon a raíz de la crisis económica de 2008, de 11 páginas y por el que se cobró 115.000 euros. "No soy el autor material, pero presté servicios no solo para redactar el plan, sino también para ejecutarlo", ha concluido.

Ha asegurado creer "que la facturación correspondía a servicios prestados", ha negado conocer "el continúo flujo de pagos entre las subcontratas" o la "confusión de trabajadores y sedes entre estas y la empresa mixta", ha remachado que desde su llegada en 2006 "no hubo irregularidad", que su beneficio "era cero" y ha justificado el que el 75 por ciento de las horas que le constan como trabajadas se facturasen a Elsur y no a Aygesa "porque contratamos un número dos que me descargó de muchas labores y me dejó más tiempo a Elsur".

Manuel Fernández y Miguel Ángel Abad han coincidido en que "donde más problemas había" era en la "deuda que arrastraba" el Ayuntamiento ejidense del que era alcalde Juan Enciso y la "falta" de financiación de Elsur, y ha asegurado que Elsur no repartía dividendos "porque ese margen se iba generalmente a la reserva".

En su turno, Abad ha sido más preciso y ha atribuido el que no se repartieran dividendos, con el consiguiente menoscabo a la parte privada a la que representaban, en el hecho de que "aunque hubiera beneficios, la deuda acumulada era muy grande". "El problema de Elsur era un problema de pagos tremendo y entiendo yo que se decidió reforzar por esa vía las reservas de la compañía en lugar de repartir".

Ha indicado que el 'fee' y el 'extra-fee' eran un ingreso "más", pero "no el beneficio como tal" para puntualizar la afirmación hecha en instrucción de que el "beneficio era vía 'fee' y no dividendos" y ha manifestado que estos "no los pagaba el Ayuntamiento, sino Aygesur". En esta línea, ha dicho que "siempre entendió que estaba regulado así dentro del contrato" aunque ha apuntado que desconoce si eso constaba por escrito.

Abad ha definido su labor en relación al Elsur como "asesoramiento sobre a qué líneas de crédito acudir o dónde podían existir problemas de liquidez si bien ha remarcado que "no cobraba". "Yo no he cobrado ningún asesoramiento, ni incluido en 'fee' ni en 'extra-fee'", ha aseverado.

A preguntas de la acusación que ejerce el Ayuntamiento de El Ejido, ha justificado que no llamase la atención del consejo de administración que entre el cuatro y ocho por ciento de la facturación fuera por estos conceptos porque "ni en las cuentas de Elsur ni en las de Aygesa venía desglose" ni porque "se le cobraban a Elsur" y ha concluido que esas cuentas "llegaban al consejo cerradas y auditadas, o con una preauditoria que no reflejaba nada en contra".

Según Anticorrupción, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante un entramado de sociedades una "sobrefacturación" en concepto de "gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento", ya que eran servicios "que en realidad no se prestaron pues no constan actas de reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos en los que se ponga de manifiesto la veracidad de los mismos".

"Tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado de unos fondos que sabían que era de naturaleza pública, incrementando de esta manera los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento el incremento de los precios en beneficio propio", sostiene.