Un juez avala la convocatoria de plazas docentes en la UAL y tumba el recurso del Gobierno

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Almería ha rechazado el recurso que interpuso el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas contra la convocatoria de concursos para el acceso al cuerpo docente que realizó la Universidad de Almería (UAL) en 2012 después de que se aprobase el real decreto que fijaba la tasa de reposición en un diez por ciento. La sentencia firme supone que los profesores cuyas plazas habían sido impugnadas por el Estado adquieren "la cualidad de catedráticos sin paliativos", según ha indicado a Europa Press el abogado, Francisco Javier Alonso.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ordenó en octubre de 2012 a la Abogacía del Estado recurrir las convocatorias de acceso a plazas del cuerpo docente de 15 universidades españolas, entre ellas la UAL, después de requerirles que paralizasen las mismas por haber superado la tasa de reposición fijada en un diez por ciento, de acuerdo a lo recogido en el Real Decreto de 14 de abril de 2012. Según esto, el número máximo de efectivos que podían ser objeto de reposición durante el año 2012 en la universidad almeriense ascendía a uno si bien se había superado en la cifra de 14 efectivos. La Abogacía del Estado recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 de Almería las resoluciones de la UAL de 17 de abril de 2012 y de 23 de abril de 2012 por las que se convocaban concursos para acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios -catedráticos y titulares- y también el acuerdo de la Universidad por el que desestimaba el citado requerimiento posterior realizado por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. Interesaba el Ministerio que se anulasen "por no ser ajustados a derecho" aunque el juez ha considerado que procede la inadmisibilidad de recurso por extemporáneo.

Así lo alegó la UAL y los abogados de los codemandados, entre ellos Francisco Alonso, del despacho Alonso & Garrido Abogados, José Arturo Pérez y José Luis Labraca, quienes señalaron que el recurso se interpuso fuera de plazo ya que la ley establece que debe hacer antes de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa".