El culebrón del parking Obispo Orberá aún colea

Allá por el año 2006 finalizó la construcción del aparcamiento subterráneo de Obispo Orberá, una de las actuaciones del Ayuntamiento de Almería que más papel de prensa ha ocupado. Pese al tiempo transcurrido, el parking sigue aún coleando en los despachos de la Administración local, que exige ahora a la empresa concesionaria, la unión temporal constituida en su día por Construarán y Gestvivienda, que sea la que asuma las indemnizaciones a los comerciantes que reclamaron ante los tribunales de justicia compensaciones por pérdidas económicas derivadas de las obras.

El Ayuntamiento le ha reclamado a la concesionaria que pague, en concreto, 45.377,85 euros exactos a uno de los comerciantes de esta avenida, a los que el TSJA dio la razón al considerar que la construcción del aparcamiento le imposibilitó arrendar el local de su propiedad durante más de un año (desde febrero de 2003 a mayo de 2004). Atendiendo al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y por orden del actual alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, el Ayuntamiento saldó de forma unilateral esta indemnización en enero de 2014, aun no dejando clara la sentencia si el pago de esta compensación por daños y perjuicios debía realizarse de forma “solidaria” o “mancomunada”. Esto es, entre el Consistorio y la empresa concesionaria.

Consta así en el acta de una de las Juntas de Gobierno Local celebradas en las últimas semanas, en la que el equipo de Fernández-Pacheco, atendiendo a los informes jurídicos municipales, ha desestimado las alegaciones de la UTE y vuelve a emplazar a Construarán-Gestvivienda a que proceda, en el plazo de dos meses, al ingreso de la citada cantidad indemnizada en su “totalidad”.

La concesionaria, en el recurso de reposición rechazado por el Ayuntamiento, niega responsabilidades y, por ende, la asunción de este pago. Entre otros argumentos, porque, según defiende, la obras en superficie las terminó en enero de 2004, dentro de los plazos fijados, mientras que indica que los cambios practicados sobre el proyecto fueron decisión municipal.

De salir adelante la reclamación del Ayuntamiento ante la UTE, los servicios jurídicos municipales volverían a rascar euros a sentencias desfavorables. En 2013, el TSJA condenaba al Consistorio y a la empresa a compensar a tres comerciantes con una indemnización conjunta de aproximadamente 800.000 euros, cantidad que fue mermando hasta acabar, tres años de después, en poco más de 135.000.