Un tribunal de jurado ha declarado este lunes culpable de asesinato y robo con fuerza a Loreta V., la mujer que fue detenida en Lituania cinco años después de la muerte de Natalia P. en septiembre de 2014 en la pastelería en la que trabajaba en El Ejido a la que, según el relato de los hechos, acudió con su pareja, el ya fallecido Viktoras K., para cobrarse una deuda de unos 700 euros, lo que había causado desavenencias entre ellos.

En la lectura de su veredicto, el jurado ha encontrado a la acusada por una mayoría de ocho votos a favor y uno encontrada culpable de asesinato al entender que tanto la acusada como su pareja acudieron al establecimiento con la intención de acabar con la vida de la víctima.

Los miembros del jurado han dado especial relevancia a la declaración de una testigo quien, en la tarde de los hechos, acudió a la panadería y vio a través del cristal desde fuera, por estar la puerta cerrada con llave, a una mujer rubia que salió a elevar el volumen de la música para, acto seguido, volver a la trastienda.

"Yo llamé pero no me escuchaban", explicó dicha vecina en su declaración en el juicio celebrado en Sección Segunda, donde aseguró que en ese momento vio salir a una "mujer rubia" de la trastienda quien "subió todavía más el volumen" de la música, aunque por la posición de la vitrina y otros elementos, no consiguió verle la cara. Preguntada por si logró oír alguna frase, la testigo señaló nerviosa que escuchó "me matan", aunque no logró explicar por qué no llamó a la Policía en ese momento antes de irse tras esperar un rato.

Ante este veredicto, la Fiscalía ha ratificado su petición de 18 años de prisión para la acusada mientras que la acusación particular, que ejerce la hija de la finada, ha elevado a 20 años. Por su parte, la defensa, que ya ha anunciado su intención de recurrir el fallo, ha pedido una pena no mayor de 15 años de cárcel poro los hechos.

Según el relato de los hechos dado por probado, la acusada y su pareja acudieron al local el 13 de septiembre de 2014 para reclamar una deuda de unos 700 euros, en base a las discusiones que se habían producido en los días anteriores y de las que algunas de las amigas de la víctima habían sido testigo.

En un momento dado, la acusada, su acompañante y la víctima pasaron a la trastienda, donde se produjo el crimen en el que se empleó como arma un cenicero en el que se hallaron las huellas de la acusada y Viktoras K. Dicho instrumento sirvió para golpear a la mujer en la cabeza, antes de ser estrangulada.

El jurado, que ha descartado que el ataque se produjera por sorpresa al entender que había sido planificado, ha rechazado la versión de la acusada, quien aseguró que al iniciarse una discusión entre su acompañante y la víctima abandonó el local para refugiarse en el vehículo, de modo que incluso llegó a asegurar que desconocía que Natalia P. hubiera muerto hasta el día en que fue arrestada.

En esta línea, los miembros del jurado han incidido en que había AND de Loreta V. en la escena del crimen e incluso se encontraron restos de ella bajo las uñas de la víctima, aunque han reconocido que solo se hallaron pisadas de hombre en los restos de sangre que dejó el cuerpo. No obstante, la han ubicado en la escena del crimen en todo momentos antes de que la puerta del establecimiento quedara cerrada con llave y la pareja se marchara a Lituania esa misma noche.

El tribunal, presidido por el magistrado Luis Columna, ha declarado también a la acusada culpable de un delito de robo con fuerza al haberse sustraído del local un ordenador, el teléfono móvil de la víctima, unos pendientes de oro y una cantidad indeterminada de dinero. Por estos hechos la Fiscalía y la acusación particular piden cuatro años y medio de prisión adicionales mientras que la defensa interesa no más de tres años y medio.

Además de las penas privativas de libertad, las acusaciones piden una orden de alejamiento e incomunicación con la hija de la víctima de al menos 30 años así como el pago de indemnizaciones para la misma, de al menos 140.000 euros. La acusación particular también reclama una indemnización por daños morales para la nieta de la fallecida. El jurado ha negado la posibilidad de indulto a la acusada.