El jurado popular ya delibera. La magistrada Soledad Jiménez de Cisneros ha hecho entrega este lunes del objeto de veredicto sobre el que los miembros de este órgano tendrán que determinar si B.N.N.A., la mujer acusada de ordenar el asesinato de su esposo en Huércal-Overa, y D.V.G., el presunto sicario que lo mató, son culpables o no.

Entre los elementos que tendrán que valorar los jurados se encuentra precisamente uno de los puntos que la fiscal Penélope Raquel Baños, sostiene como móvil, la presunta intención de la víctima de divorciarse de B.N.N.A. debido a que tras años de relación ésta se había "enfriado", lo que supuestamente llevó a la acusada a pensar que quería casarse con su hija.

Igualmente, deberán determinar si el 12 de agosto de 2021 contactó con D.V.G. para ofrecerle mil euros a cambio de acabar con la vida de su esposo, así como que un día más tarde concretaron el "modus operandi" para dar muerte al fallecido.

En este apartado, se presenta al jurado la posibilidad de que B.N.N.A. trasladase al coacusado que la víctima se encontraba sola en el cortijo 'Los Cabecicos', y que incluso llamase al presunto sicario para decirle que tenía "vía libre".

Otro de los puntos a determinar es si D.V.G. se trasladó a esta finca y se abalanzó sobre el finado para apuñalarlo hasta en 14 ocasiones.

Como alternativa, se ha planteado al jurado que B.N.N.A. únicamente ofreciese el dinero a D.V.G. para dar un "escarmiento" a su marido, y que éste lo apuñaló sin querer acabar con su vida, aunque asumiese ese riesgo.

Cabe recordar que la Fiscalía de Almería elevó este viernes a definitivas sus conclusiones y mantuvo la acusación contra la mujer acusada de ordenar el asesinato de su esposo, así como para el compatriota que presuntamente lo mató a puñaladas a cambio de mil euros.

La fiscal Penélope Raquel Baños mantuvo sin cambios su acusación, por la que pide 22 años de prisión para cada uno de los acusados, en concepto de autor de un delito de asesinato en el caso de D.V.G. y de inductora en el de B.N.A.A.

El letrado de D.V.G., Pedro María Lázaro, insistió en que la acusada culpó a su cliente cuando se vio “acorralada” para cubrir a otra persona o a ella misma, y ha recordado que durante 15 días su patrocinado ni siquiera fue sospechoso para la Guardia Civil, que ni lo interrogó hasta que lo señaló B.N.A.A.

Reconoció que D.V.G. estuvo en el cortijo de ‘Los Cabecicos’, en el que murió la víctima, porque fue grabado a la ida y a la vuelta por una cámara de tráfico, así como porque allí lo ubican las antenas telefónicas, pero mantuvo que sólo fue a hablar con el fallecido para que cambiase de idea -no para asustarlo- y que esto fue “utilizado” por la coacusada para incriminarlo.

Subrayó en que no existen pruebas directas de su participación en el crimen y recalcó que el ADN de B.N.N.A. y el de otro hombre fueron localizados, respectivamente, en una cerveza y un chupito que había en el cortijo.