Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han interpuesto más de 20.000 propuestas de sanción por incumplir la normativa para la prevención y contención de la COVID-19 desde el pasado 4 de agosto, cuando entró en vigor el Decreto-ley 21/2020 por el que se establece el régimen sancionador.

En concreto, se han puesto 20.985 sanciones en toda la provincia, según ha informado este miércoles la delegada del Gobierno en Almería, Maribel Sánchez. Las diferentes policías locales han sido las que han impuesto más sanciones, en total 11.025. Por su parte la Policía Nacional y autonómica han puesto 6.592 multas mientras que la Guardia Civil 3.368.

De esas más de 20.000 propuestas de sanción la Delegación de Salud ha iniciado expediente de unas 6.500 y ya ha resuelto la mitad de ellas.

La mayoría de las sanciones han sido por no llevar puesta la mascarilla, una medida que entró en vigor el 14 de julio y que supone una multa de 100 euros. Pero también las hay por incumplir el número máximo de personas en reuniones y establecimientos, por saltarse el toque de queda o por hacer botellón, entre otras.

Multas al 50% si se pagan en 15 días

Este martes el Gobierno andaluz modificó, a través de la introducción de un nuevo artículo en el Decreto Ley 21/2020 de 4 de agosto, el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el Covid-19. Esta modificación, que ha pasado por el Consejo deGobierno, crea un procedimiento abreviado especial para simplificar las infracciones.

De este modo, una vez iniciado el procedimiento sancionador, se dará la posibilidad del pago voluntario de la multa dentro del plazo de 15 días hábiles, lo que supondrá el reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de los hechos y la reducción del importe de la sanción en un 50% de su cuantía.

Una vez efectuado el pago voluntario de la multa se dará por concluido el procedimiento sancionador sin posibilidad de formular alegaciones y, por tanto, agotando la vía administrativa, siendo recurrible únicamente por la contenciosoadministrativa. Con esta modificación, el Gobierno andaluz persigue otorgar celeridad y eficacia tanto a la tramitación como a la resolución de los procedimientos sancionadores por incumplimiento de las medidas anticovid.