Más de 40 familias del barrio de El Quemadero se enfrentan a una ejecución hipotecaria en los próximos meses. Para casi una veintena de estos el fin se aproxima en breve, pues ya les ha llegado la notificación en la que se les comunica que deben abandonar sus viviendas. Es por ello, que varias decenas de vecinos, entre los que se encontraban los perjudicados, realizaron ayer un recorrido por las calles de la capital almeriense, partiendo desde El Quemadero y llegando hasta la sede de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), para mostrar su descontento y llegar a una solución.

El problema es que cuando estos vecinos se instalaron en el barrio accedieron a la compra de viviendas sociales, pertenecientes a la Junta de Andalucía, siendo esto algo ilegal, pues este tipo de viviendas se conceden en función de las necesidades y el registro como demandantes de los vecinos. Su desconocimiento hizo que la compra-venta se realizara mediante contratos privados o en gestorías, pero nunca ante notarios. La Junta de Andalucía ha iniciado ya los trámites para que estas personas abandonen sus domicilios. Ellos piden poner una solución que no perjudique a ninguna de las partes.

La manifestación partió desde El Quemadero y acabó en Oliveros.

“Nosotros queremos pagar, estamos dispuestos a pagar alquileres, pero si nos echan a la calle no tenemos donde ir. No es justo, nosotros compramos estas viviendas con total desconocimiento y ahora nos vemos en la calle”, explica María, uno de los afectados.

Ellos ya se han registrado como demandantes de vivienda pública para intentar seguir todos los pasos marcados por la administración andaluza, aunque todo apunta a que los desahucios se llevarán  a cabo si ninguna de las dos partes cede.La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) les está asesorando en todo lo necesario y, además, también acompañó a los afectados y a los vecinos que han querido apoyar la causa y han salido a la calle para hacer llegar a los medios de comunicación sus necesidades, así como para presionar a la Junta de Andalucía con el fin de llegar a un entendimiento.

Las mujeres del barrio han tomado las riendas de la protesta.

El Quemadero no es el único barrio que se ha visto perjudicado por los problemas derivados de los desalojos. La Chanca y sobre todo El Puche han venido luchando en los últimos meses para evitar que sus vecinos se queden en la calle. Realizaron manifestaciones e incluso se opusieron al desalojo de una familia con dos pequeños que había comprado su vivienda por una cantidad superior a los 2.000 euros.

 “El parque de vivienda está abandonado por la Junta de Andalucía, la gente ha ido entrando en la vivienda, se han empadronado en el padrón municipal, incluso algunos tienen transferencia de vivienda en Hacienda de la Junta y los vecinos se quieren enfrentar a la administración para buscar una solución lo más viable posible. Ellos están dispuestos a pagar sin ningún problema o que le ofrezcan una solución habitacional. Después del abandono de muchos años del parque público, donde no ha habido ni control ni seguimiento de la Junta ni de AVRA pedimos una mesa de diálogo entre vecinos y administración”, explica Diego Crespo.