La desaladora de Almería demanda al Ayuntamiento por los impagos

La permanente falta de pagos del Ayuntamiento ha obligado a la empresa UTE Acciona-Abengoa, que gestiona la planta desaladora de la capital, a presentar una demanda por la vía administrativa con la que tratar de forzar el abono de las cuotas que se vienen acumulando desde julio de 2009. El incumplimiento económico del consistorio suma una deuda de 12,3 millones de euros, situación que con el paso de los meses está complicando la prestación de un servicio más que necesario para garantizar, junto con los aportes de los Pozos de Bernal, el abastecimiento hídrico a la capital y otros municipios del área metropolitana.

Según ha podido conocer este periódico, la UTE no entiende que el Ayuntamiento de Almería cierre las cuentas anuales con un superávit de 20 millones de euros y mantenga una deuda con la desaladora de más de 12. En mayo se anunció el pago de algunas de las cuotas atrasadas en junio y días después se ha retrasado hasta julio. Es más, en los últimos meses sólo han percibido las tres primeras facturas del año (enero, febrero y marzo), cuando los impagos se remontan al verano de 2009. Las empresas garantizan la prestación del servicio y el mantenimiento de los puestos de trabajo, pero sí deja claro que la situación se hace cada día más crítica porque llevan años aportando fondos propios al funcionamiento de la desaladora. A su juicio, el Ayuntamiento de Almería no se puede excusar en que debe pagar la construcción de la planta desaladora, porque se levantó con fondos europeos (85%) y con la participación de la Junta de Andalucía. De hecho, hay interpuesta una denuncia ante la Comisión Europea contra el consistorio almeriense por el incumplimiento de los compromisos de producción de la desaladora. No obstante, el concejal de Hacienda, Pablo Venzal, destacó, al conocerse la denuncia sindical en mayo, que desde la llegada del actual equipo de gobierno del PP a la Alcaldía de Almería se han abonado 24,7 millones de euros entre el agua desalada y las inversiones y hay pendiente una factura de otros 3,8 millones correspondientes a la certificación final de la planta pendiente de aprobación por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

En la actualidad el agua de la desaladora solo llega a un 40% de los hogares de la ciudad y los que la reciben beben la mezcla en un 70% con la procedente de los Pozos de Bernal. La planta sólo está a un 25% de su capacidad máxima, funcionando dos de los siete bastidores, con una producción de 14.000 metros cúbicos al año. La razón por la que no llega a los 155.000 ciudadanos, como se había previsto cuando se puso en funcionamiento, es porque no existen las infraestructuras que son necesarias para su distribución. La desaladora bombea el agua a un primer depósito, pero éste debía unirse a un segundo en San Cristóbal que no fue llevado a cabo por el consistorio para evitar las obras en las calles del casco histórico.

La gestión del agua que realiza el consistorio se basa en abaratar el coste con agua de unos pozos situados en la desaladora, que se encuentra en mal estado global, en parte debido a la sobreexplotación que sufre, como refleja la denuncia realizada ante la Comisión Europea por la Asociación de Acuíferos contra la política del Ayuntamiento de Almería.