La desertificación afecta al 35% de la superficie de la provincia de Almería

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicó aprobó mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación (PAND) que supone el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD). Esta normativa complementa la legislación ya existente en la comunidad autónoma andaluza.

En la provincia de Almería, según datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, el 35% de la superficie tiene riesgo de ser víctima de la desertificación. En concreto, ese porcentaje se reparte entre un 3% de la superficie provincia que presenta un riesgo "muy alto", un 15% con posibilidades "altas" de resultar afectadas por el avance de la erosión en sus suelos y un 17% que tiene un riesgo "moderado".

Curiosamente y a pesar de la imagen de aridez que siempre acompaña a la provincia almeriense, esta no presenta el porcentaje más alto de la comunidad autónoma andaluza, lugar ocupado por Málaga, provincia en la que únicamente el 21% de su suelo no tiene riesgo de desertificación. En el otro extremo de la balanza se encuentra Huelva cuyo 95% de su superficie se encuentra protegida contra el azote de la erosión.

Entre ambas se encuentran Jaén (el 47% de su territorio provincial presenta síntomas moderados, altos o muy altos de ser víctimas de la erosión de sus suelos), Sevilla con un 42% y Granada, que tiene el mismo porcentaje que en Almería. Por debajo están Cádiz (34%) y Córdoba (21%).

En España, más de un tercio de la superficie del país presenta riesgo significativo de desertificación. Según refleja el diagnóstico del PAND, el 17,85% de superficie nacional presenta un riesgo alto o muy alto de padecer procesos de desertificación y el 19,20% un riesgo medio, según las cifras dadas a conocer ayer por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

El Programa, que requerirá la implicación de las Comunidades Autónomas, constituye una estrategia que contribuirá a promover un desarrollo sostenible en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas españolas, previniendo la degradación de las tierras y la desertificación y facilitando la recuperación de las zonas afectadas.

Por áreas, las más afectadas por este fenómeno son el sureste y este peninsular y Canarias, y las que presentan un menor riesgo de desertificación son las tierras del tercio norte peninsular.

La creación de un Observatorio de la Desertificación en España y de un sistema que establezca las zonas en riesgo donde se deben tomar acciones de prevención son dos de las medidas que recoge el nuevo PAND. Este plan, aprobado por Medio Ambiente, fija las líneas de acción del Gobierno para evitar la desertificación, que amenaza de forma significativa a la superficie del país.

El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación cumple con la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), de la que España es firmante. La estrategia comenzó a elaborarse en 2007 y, tras un proceso de revisión, fue sometido a consulta ante la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, el Consejo Nacional de Bosques, la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, recogiéndose sus aportaciones y sugerencias.

Su objetivo es definir en profundidad las líneas de acción fundamentales contra este fenómeno de deterioro, y analizar los principales factores naturales y humanos causantes de la desertificación y los procesos a los que da pie, tales como la aridez, la sequía, la erosión, los incendios forestales, el uso no sostenible de los recursos hídricos y los factores socioeconómicos.

Asimismo, el PAND señala los principales escenarios de la desertificación como los cultivos leñosos afectados por la erosión, cultivos extensivos de secano con riesgo de erosión, sistemas agronómicos de regadío sometidos a procesos de desertificación y matorrales degradados y eriales.

El plan propone también la creación de una Oficina Técnica de la Desertificación que, junto con el Observatorio, desarrollará las medidas propuestas para prevenir la degradación de los suelos como fomentar una agricultura sostenible, luchar contra la sequía o conservar la masa forestal, así como para luchar contra los incendios.