La Policía Nacional ha detenido en distintas provincias de España a 90 personas, nueve de ellas en Madrid, que distribuían documentos falsos fabricados en Turquía y que vendían a distintas tarifas: un pasaporte, mil euros; 750 un permiso de residencia, 500 un visado Schengen y 350 un carné de conducir.

Según informa este martes la Dirección General de la Policía, la organización, que habría obtenido beneficios de alrededor de un millón de euros, captaba en redes sociales a sus clientes que pagaban la mitad del importe del documento encargado a través de una empresa de envío de dinero. El cliente proporcionaba además por mensajería de móvil sus datos personales.

Cuando terminaban la fabricación, le enviaban una foto a través de un mensaje al teléfono móvil para que abonase el resto del pago y se lo enviaban por mensajería a miembros de la organización ubicados en España en el plazo de siete días.

Las detenciones se han producido en 26 provincias: Alicante (10), Almería (18), Badajoz (2), Cádiz (3), Cáceres (1), Castellón (2), Córdoba (1), Cuenca (1), Gerona (2), Gran Canaria (2), Granada (1), Guadalajara (1), Guipúzcoa (6), Huelva (7), Madrid (9), Málaga (1), Murcia (9), Islas Baleares (1), Lérida (2), Palencia (1), Pontevedra (1), Soria (1), Sevilla (1), Tarragona (1), Valencia (5) y Vizcaya (1).

Se les imputan los delitos por pertenencia a organización criminal, falsedad documental, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y contra la seguridad del tráfico.

Los agentes han intervenido 71 documentos falsos, 4.300 euros en efectivo, varios dispositivos electrónicos y diversa documentación. La operación ha contado con la cooperación de la policía turca.

Entre los documentos hallados hay pasaportes, carnés de conducir y permisos de residencia de España (26), Francia (9), Italia (8), Bélgica (9), Alemania (1), Hungría (10), Países Bajos (1), Suiza (1), Bulgaria (3), Marruecos (2) y Argelia (1).

Además, han sido incautados 4.300 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y diversa documentación relacionada con la investigación.

Según destaca la Policía, la organización criminal estaba integrada por miembros que se dividían en dos ramas de actividades delictivas: una con funciones de recepción y cobro de dinero a los clientes en España, en su mayoría de origen sirio, aunque también de Argelia, Uzbekistán, Líbano, Turkmenistán, Egipto, Libia, Irak, Azerbaiyán y Marruecos.

La otra facción se encargaba de enviar los documentos falsos a España. Estaba integrada por personas de nacionalidad Siria y que operaban desde su centro de fabricación de documentos falsos en Estambul.

Los agentes estiman que han conseguido introducir en España más de 700 paquetes con documentación falsa por lo que, la organización podría haber generado beneficios superiores al millón de euros.