Libertad con cargos para el presidente de la Diputación de Almería y el resto de detenidos

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la libertad provisional de los cinco detenidos en la segunda fase del caso Mascarillas, imponiéndoles como medidas cautelares la obligación de comparecer dos veces al mes ante el órgano judicial y la retirada de pasaporte. La decisión afecta al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al vicepresidente Fernando Giménez, al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, además del hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.

El procedimiento se enmarca en una investigación judicial por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación pública, en la que únicamente la acusación popular solicitó prisión preventiva, mientras que el resto de las partes interesaron la adopción de medidas menos gravosas. La causa incluye también a otras personas en calidad de investigadas, entre ellas familiares del presidente provincial y el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, todo ello bajo el principio de presunción de inocencia y a la espera del avance de la instrucción.

De un contrato puntual a una operación de gran alcance

La investigación, que nació a raíz del contrato de mascarillas adjudicado en 2020 (Caso Mascarillas), ha derivado en una operación de mayor dimensión que incluye registros simultáneos en la Diputación, el Ayuntamiento de Fines, domicilios particulares y sedes empresariales. El auto judicial aprecia indicios de "cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, con posibles adjudicaciones fraudulentas y posterior canalización irregular de fondos".

El juez ha ordenado además el bloqueo de cuentas, restricciones sobre bienes inmuebles y el volcado completo de dispositivos informáticos incautados durante los registros, con el objetivo de evitar movimientos patrimoniales mientras avanza la instrucción.

Sin cambios en sus cargos institucionales

El Partido Popular de Andalucía ha suspendido cautelarmente de militancia a Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez tras la operación de la UCO dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Almería, una decisión que los aparta de la estructura orgánica del partido pero no altera su situación como cargos electos ni sus retribuciones. García sigue como presidente titular de la Diputación y concejal en el Ayuntamiento de Almería; Giménez mantiene la vicepresidencia provincial y su acta en Senés; y Sánchez continúa como alcalde de Fines. Solo una renuncia, una moción de censura aprobada por mayoría absoluta o una sentencia firme con inhabilitación podrían modificar este estatus.

Los tres investigados pasarán este jueves a disposición judicial, momento en el que el juez determinará su situación procesal y la posible existencia de cargos formales. En función de esa resolución, podrán adoptarse decisiones personales o medidas internas adicionales por parte del PP-A, sin que ello afecte automáticamente a la vigencia de sus actas públicas. Mientras tanto, Ángel Escobar ejerce la presidencia en funciones en la Diputación para garantizar la continuidad administrativa, y Ramón Fernández-Pacheco asume de forma provisional la presidencia provincial del partido.

Relevo institucional y presión política

Tras las detenciones, la Diputación activó un relevo en su presidencia, quedando Ángel Escobar como presidente en funciones. Paralelamente, el PP de Andalucía acordó la suspensión cautelar de militancia de los cargos implicados, mientras PSOE, IU y Vox han exigido explicaciones y anunciado acciones políticas y judiciales.

Con todos los implicados en libertad pero sometidos a medidas cautelares, el caso entra ahora en una fase clave, pendiente de nuevas resoluciones judiciales y posibles ampliaciones de la causa, en un escenario que sacude de lleno la estabilidad institucional de la provincia.