Las discrepancias de las acusaciones salen a la palestra con las periciales médicas
Juicio por el crimen del niño Gabriel Cruz
Forenses y peritos de parte no coinciden en qué pasó antes de la muerte de Gabriel
La acusación dice que no fue una “muerte banal”y la defensa ve un relato “macabro”
La Fiscalía de Almería interesa, por el momento al menos, prisión permanente revisable por un delito de asesinato para Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz. La acusación particular ejercida en nombre de los padres del pequeño por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres, también. La fiscal Elena María Fernández solicita sendas penas de cinco años de prisión por un delito de lesiones psíquicas contra Ángel Cruz y otro idéntico contra Patricia Ramírez. Los Torres tres y cinco años por estos dos delitos, respectivamente, y sendas penas de dos años de cárcel por otros tantos delitos contra la integridad moral.
El abogado defensor trató de llegar a un acuerdo para evitar “más daño a los padres”
A priori, podría parecer que las acusaciones van de la mano y que la particular únicamente reclama ese “plus”que se da por hecho en los representantes de la parte afectada más directamente por el crimen. Pero no es así. Aunque Ministerio Público y letrados coinciden en que la asfixia fue el motivo último del fallecimiento del ‘Pescaíto’, los Torres introducen en su versión de los hechos una serie de elementos que dejarían ver la alevosía y ensañamiento de una Quezada que, según ellos, habría propinado una “somanta de palos”a Gabriel y lo habría dejado agonizando durante una hora hasta que finalmente acabó con su vida.
Expiró por anoxia anóxica dos horas después de comer
Por su parte, el estudio criminalístico de los médicos forenses, incluido en el sumario, señala que la muerte del niño se produjo entre las 15:30 y las 16:30 horas del 27 de febrero del 2018, poco después de que supuestamente se produjese su desaparición en Las Hortichuelas Bajas. Los forenses indican que la oclusión extrínseca de los orificios respiratorios se produce de forma accidental con mayor frecuencia y mucho menos en casos “de etiología homicida como el que nos ocupa”, añadiendo que en estos últimos existe por lo general una “gran desproporción de fuerzas. También destacan que en el cadáver del niño eran “muy llamativos los signos generales de asfixia”.
Discrepancias que este lunes se pusieron más de relieve si cabe en la segunda sesión celebrada a puerta cerrada de la vista oral con jurado popular -la primera de forma íntegra- en la que declararon cuatro médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Almería, el director del Departamento de Sevilla del Instituto Nacional de Toxicología, ocho facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y se ha presentado una pericial médica elaborada por los doctores Nicasio Marín y Sergio Martínez a instancia de los abogados de los padres. Las discrepancias son reconocidas por los propios letrados. Francisco Torres, a la salida de la Audiencia Provincial, manifestaba que el fallecimiento del pequeño no podía quedarse en “una escena o una muerte banal, porque no lo fue”. “Vamos a seguir manteniendo nuestro relato sin ninguna duda (…) va a ser idéntico al escrito de calificación provisional”, dijo en referencia a la sesión de este martes, en la que elevará a definitivas sus conclusiones.
En este sentido, precisó que la pericial aportada este lunes tenía como pretensión “aclarar en definitiva los hechos y hablar con claridad”. “Creo que hasta ahora no se ha hablado con claridad y hoy se ha hecho”, apostilló señalando que en este informe se encuentra toda su “discrepancia” con el relato realizado por la fiscal Elena María Fernández. Consideró que también han quedado acreditados los daños psíquicos provocados presuntamente por Quezada a los padres de Gabriel: “Es muy claro, ahí están los informes forenses, no lo digo yo”, aseveró.
Una violencia que fue "intensa y extensa"
El otrora concejal del Ayuntamiento de Almería y expresidente del Sindicato Médico, NicasioMarín, llegó este lunes junto a su compañero Sergio Martínez a defender un informe forense alternativo al del Instituto de Medicina Legal, elaborado a instancias de los letrados de los padres de Gabriel. Un documento que ofrece un relato de los hechos “terrible”y que, advertía el propio médico internista a los periodistas, es el “corazón del asunto”, algo que quiso trasladar al jurado con una declaración marcada por la “crudeza relatada de forma contundente y clara”.
Aunque estaba previsto que Marín aportase más información una vez concluida su intervención y eliminado el riesgo de “contaminar”a los miembros del jurado, la magistrada Alejandra Dodero estaba atenta y enviaba en su búsqueda a Miguel Ángel Torres. Pocos minutos después reaparecía ante las puertas del Palacio de Justicia pero las declaraciones se tornaban breves entonces.
“Saben ustedes que es a puerta cerrada, así lo ha decretado la magistrada Dodero y lo vamos a cumplir y acatar pero puedo decirles que hemos aportado pruebas y evidencias de una violencia intensa y extensa”, manifestó el médico, para quien “el mecanismo de nariz, sálvame nariz y tapar la boca, es posiblemente una banalización, es banalizar y esto causa un victimismo, esto sí que causa un victimismo a la pobre madre (...) Una banalización que no es razonable y no es lógica”, añadió.
Con esto, Marín se refería al informe forense que determina que Gabriel murió al sufrir una “anoxia anóxica” tras una “asfixia mecánica por sofocación manual”, en concreto una “oclusión extrínseca de los orificios respiratorios, fosas nasales y boca, sin contemplar, como mantiene la acusación, que la acusada pudiera haber golpeado y dejar “agonizando” al niño durante una hora.
El informe de parte presentado por los abogados de los padres de Gabriel, Francisco y Miguel Ángel Torres, ahonda precisamente en el ensañamiento y en intentar demostrar que Quezada mató con una “frialdad estremecedora” el 27 de febrero del año pasado al pequeño.
Según el escrito de acusación de los letrados, una vez en la casa en la que tuvo lugar la muerte, ubicada en “un paraje desértico y apartado del núcleo urbano”, Quezada se aprovechó del “escenario que la acusada se había procurado respecto al niño” y comenzó a “golpearlo reiteradamente, con violencia y con un objeto contundente”. Afirman que Gabriel quedó “aturdido por la violencia de los golpes y por la superioridad física de la acusada” e insisten en que “aún en ese estado, podría haber sido reanimado de haberse solicitado asistencia médica”. Añaden que siguiendo con su “propósito criminal” y al ver que “seguía respirando”, le tapó la nariz y la boca hasta provocarle la muerte, insistiendo en que desde que lo golpeó y hasta este momento pasaron entre 45 y 90 minutos en los que se “podía haber rescatado la vida” del pequeño.
Por su parte, el abogado de la acusada, Esteban Hernández Thiel, recalcó la “discrepancia radical” entre el informe oficial de los forenses y el de la acusación particular, en lo que se refiere a la cronología de cómo se produjo la muerte. “Entendemos que el mecanismo y relato de los médicos forenses coincide mucho más con lo sucedido allí aquel trágico día”, manifestó, añadiendo que será el jurado el que tendrá que determinar la intencionalidad de la acusada, pero que no puede “compartir” el informe presentado por su rival en la causa.
Afirmó que es “comprensible” que Torres pueda discrepar y buscar un relato de los hechos “más escabroso, dramático, más terrible”, que tenga como apoyo esta pericial, pero ha insistido en que los médicos forenses son “profesionales que trabajan para la administración de justicia”, personas “especializadas” en esta materia con argumentos “bastante más convincentes”, subrayó.
Trasladó que expresó su protesta por no haber podido presentar las dos periciales de forma conjunta para que el jurado pudiera valorar la “discusión entre los dos peritos”, y ha recalcado que Quezada reconoció “desde el primer momento” que mató a Gabriel y que una muerte así “siempre es durísima” y genera “sufrimiento” a los padres. Por otro lado, pese a que Torres lo negó, sí indicó que “se comentó con la Fiscalía” la posibilidad de llegar a un acuerdo previo que evitase el juicio y el “sufrimiento que ocasionaría a los padres” el tener que revivir lo ocurrido.
Asesinato u homicidio con el mismo informe
Una autopsia y dos interpretaciones. A partir del informe del Instituto de Medicina Legal y del Instituto Nacional de Toxicología, Fiscalía y defensa hacen dos relatos diferentes. La fiscal Elena María Fernández La fiscal mantiene que, una vez en la finca, mientras el pequeño estaba “confiado” y “totalmente ajeno a la intencionalidad criminal” de la mujer, de forma “súbita y repentina”, con intención de ocasionarle la muerte, Ana Julia Quezada lo tiró contra una pared y después le tapó con las manos la boca y la nariz y lo asfixió. Los abogados de la defensa, por el contrario, mantienen que una vez en la finca Gabriel cogió un hacha para jugar y que Quezada le dijo que la soltase porque era peligroso y podía hacerse daño, añadiendo que en ese momento el niño “entró en la vivienda y le dijo que se callara, que siempre le estaba diciendo lo que tenía que hacer; que quería que su padre estuviera con su madre y no con ella, que era una negra fea; insultándole y negándose a entregarle el hacha”. Sostienen que su cliente intentó quitarle el hacha y le tapó la boca “apretándola con la intención de que se callara” y que “tras breves momentos, éste ya no respiraba”. “Al darse cuenta de que ello, presa del pánico quedó bloqueada sin saber qué hacer e, incapaz de asumir las consecuencias de lo ocurrido, sacó el cuerpo de la casa, hizo un agujero y lo enterró a fin de ocultar el trágico resultado”, añaden.
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