Una juez de Almería ha impuesto el pago de una indemnización de 50.000 euros, así como siete meses de prisión, al autónomo que contrató a un fontanero que sufrió un accidente laboral debido a que no fueron adoptadas medidas de seguridad para el desempeño de su labor. La sentencia, dictada por conformidad y consultada por Efe, declara probado que el trabajador accidentado realizaba su trabajo como fontanero sobre las 12:00 horas del 22 de noviembre de 2017 en el patio interior de un edificio de Huércal-Overa.

El hombre estaba colocando un tubo de metal a lo largo de las paredes del patio de luces, utilizando una escalera de 1,35 metros de alto, para realizar esta labor. Así, cuando sujetaba el tubo, que había introducido en una pieza de empalme fijada en la pared situada a unos 3,5 metros del suelo, comenzó a dar vueltas dicho tubo mientras el trabajador lo agarraba con una llave con las dos manos enroscándolo, perdiendo entonces el equilibrio.

El hombre cayó al suelo boca abajo sobre una caja de herramientas, lo que le provocó "graves lesiones que requirieron intervención quirúrgica. El fallo recalca que el accidente se produjo porque el acusado, en su condición de autónomo empleador del accidentado y máximo responsable en materia de seguridad, "no adoptó las medidas de seguridad" que lo hubiesen evitado, indicando que el método de trabajo era "inadecuado" y las normas de trabajo "deficientes".

El trabajador tuvo que ser intervenido y tardó 187 días en curarse, de los que dos días estuvo ingresado en la UCI, permaneció otros siete en el hospital, estando incapacitado para su actividad un total de 178 días. Además, las secuelas le han provocado un "perjuicio personal particular" en grado leve, puesto que sufre pérdida de fuerza por una limitación en la flexoextensión de una muñeca; presenta sensación de entumecimiento y dolor en una mano, etc., lo que lo limita parcialmente para su trabajo como fontanero, aunque no para las tareas fundamentales de su profesión.

Por estos hechos, el acusado ha sido condenado a siete meses de prisión y al pago de una multa de seis meses, a razón de tres euros al día, por un delito contra los derechos de los trabajadores y un delito de lesiones por imprudencia. Asimismo, se le impone el pago de una indemnización, con su compañía de seguros como responsable civil directa, de 50.000 euros al perjudicado. No obstante, la pena de cárcel ha sido suspendida durante dos años a condición de que pague dicha indemnización, y a que no delinca en este periodo.