La provincia de Almería se ha convertido en un importante criadero de marihuana indoor. Endesa realizó en 2021 un total de 4.282 cortes de suministro por fraude en 64 intervenciones conjuntas con las fuerzas del orden en distintos barrios de Almería tales como El Puche, La Chanca, El Quemadero o el Cerro de San Cristóbal. El año anterior fueron 1.306 cortes en 25 intervenciones.

Endesa y las fuerzas del orden colaboran de manera estrecha con el fin de atajar esta problemática. En 2020 solo en El Puche se llevaron a cabo el 34% de los expedientes por fraude de toda la provincia de Almería, llegándose a detectar bloques enteros de viviendas sin un solo contrato en vigor. En concreto, en una intervención policial llevada a cabo a finales del pasado año, se detectaron 18 bloques de viviendas en los que 13 de ellos carecían de contrato, 3 tenían un solo contrato, y de los dos restantes sólo tenían contrato en vigor la mitad de los vecinos.

El caso es que el Defensor del Pueblo Español, Ángel Gabilondo, incluye dentro su informe de 2021 los problemas de enganches ilegales de la provincia como uno de los más relevantes y en los que seguir trabajando, al mismo tiempo que cree incomprensible ciertos procedimientos.Con frecuencia, explica el Defensor en su informe, "este problema oculta la realidad de la mayor parte de los ciudadanos afectados, que nada tienen que ver con tales actividades y que, sin embargo, se ven perjudicados, en ocasiones hasta en su dignidad y su salud, como consecuencia de la falta de suministro eléctrico.

Sobre Almería, el Defensor argumenta que los cortes de suministro tienen igualmente carácter recurrente con periodicidad diaria. La situación ha cobrado tal relevancia que las administraciones informaron el pasado año del ofrecimiento a ciertas familias afectadas de centros sociales, además de reforzar los planes de actuación de la distribuidora, asistida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, que se ha hecho cargo de las competencias, ha dado cuenta de los trabajos de la denominada «Comisión de los cortes de luz y el fraude eléctrico», que señalan una mejora de las solicitudes de enganche, lo que considera un éxito que vincula a su política de incentivar la regularización de las viviendas de protección oficial de las zonas más conflictivas. Se indica también que la empresa abona las compensaciones por el incumplimiento de los niveles de calidad y que se están acometiendo obras para disponer de varias vías de suministro y dificultar en lo posible la caída de los sistemas por el incremento del consumo fraudulento (actualmente está disponible el triple de la potencia residencial contratada y ello no es suficiente para evitar los cortes). Se informó igualmente de que se logró reducir los tiempos de respuesta ante los cortes y averías por sobrecarga de la red.

Como en otros casos similares, al Defensor del Pueblo le llamó la atención que, con una definición de causas que se asocia tan estrechamente con los fraudes, no se estén incoando expedientes de sanción por tal motivo, según se reconoce por las dificultades procedimentales para perseguir y sancionar este tipo de conductas. Al cierre de este informe las actuaciones siguen abiertas.