La exdelegada Empleo, en libertad con cargos a la espera del juicio
EL PSOE insiste en que el procedimiento ha generado una alarma social innecesaria
La exdelegada de Gobierno de Empleo de la Junta y actual secretaria general del PSOE de Macael, Francisca Pérez Laborda, ha quedado en libertad con cargos, a la espera de juicio, tras su declaración por la operación Barredo que ejercita la jueza Alaya como parte de la trama de los cursos de formación. Queda en libertad, además, sin fianza alguna y sin responsabilidad civil, al contrario que algunos de los cargos que, como ella, han declarado y a los que sí se les han impuesto estas medidas cautelares.
Laborda era detenida en el día de ayer mientras realizaba su trabajo como técnico en la delegación de gobierno de la Junta de Andalucía. Viajó junto a la UCO a la capital andaluza para prestar declaración, que se llevó en torno a las 15:00 horas de ayer. Desde el PSOE ya han manifestado su apoyo a la compañera de partido, mostrándole su confianza y apuntando a la presunción de inocencia. Desde la Ejecutiva Provincial socialista se ha considerado, "desde el respeto al trabajo judicial", que el principio de presunción de inocencia habría sido mejor salvaguardado si esta actuación "se hubiera desarrollado de otro modo, alejada de procedimientos que generan una alarma social innecesaria y que en nada contribuyen a la hora de esclarecer los hechos".
Desde el PSOE muestran su convencimiento "sobre la honestidad con la que ha ejercido su trabajo Pérez Laborda y espera celeridad en la resolución de la investigación para que esta no le cause mayores perjuicios, de difícil reparación".
De la misma forma, expresan su confianza en la justicia, recordando la necesidad de que se respete el principio de presunción de inocencia.
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones.
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