Patricia Ramírez siente miedo de que su "acosador" salga esta Navidad de la cárcel con permiso

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel Cruz que fue asesinado en febrero de 2018 en Níjar, ha solicitado que se active una pulsera de control para D.M.F.A., el hombre condenado por acosarla y que llegó a estar detenido durante la búsqueda del menor, ante su inminente salida de prisión tras haberle sido concedido un permiso por Navidad de tres días, según ha detallado la afectada.

En un comunicado, Patricia Ramírez ha confesado sentir "miedo" ante la medida dado que "durante meses su acoso fue muy intenso, llegando a dormir en las inmediaciones de la casa" por lo que ha reclamado que se adopte la medida de protección antes de su salida, prevista, según ha añadido, este 24 de diciembre. "Creo que debe de salir controlado y con las medidas de evaluación necesarias" ha añadido antes de insistir en los "dos años" en los que vivió "una situación de miedo difícil de sobrellevar que en estos momentos podría volver a reproducirse".

"Me enteré hace aproximadamente tres días y estoy intentando protegerme con las herramientas que tengo a mi alcance luchando para sentirme algo más segura, creo que hay que proteger a las víctimas y en este caso no se está haciendo lo suficiente", ha valorado la madre de Gabriel quien apunta que, al no haber tenido una relación sentimental con él, no le corresponden medidas de protección derivadas de la ley de violencia de género "a pesar de tener ya cinco condenas en firme por la obsesión que mantiene conmigo".

En este sentido, ha indicado que no ha sido informada de su estado o si su acosador se encuentra en tratamiento, si bien espera que "su evolución sea positiva en su conducta obsesiva" hacia ella. "No sé si es así, no hay informe forense que se haya practicado recientemente que así lo determine, ni se me ha informado de nada", ha dicho ante los tres días que le han sido concedidos al reo.

Según señala Ramírez, su letrado Miguel Ángel Torres ha solicitado que se active la pulsera de localización que "parece ser que está caducada por un problema de comunicación entre el juzgado y prisiones". "Este dispositivo fue concedido durante un año", ha insistido la perjudicada, para quien con la entrada en prisión de su acosador, este solo habría "cumplido cuatro meses con el dispositivo" con lo que "le restarían por cumplir ocho meses todavía".

"No me opongo a que salga si le corresponde el permiso, son sus derechos. Ni quiero que se le exponga públicamente otra vez, pues tiene sus derechos y entiendo que hay que respetarlos. No fue justo para él que se contase toda su vida durante días en televisión y ser sospechoso de la terrible pérdida" de Gabriel, ha valorado Ramírez, quien, no obstante, considera que ella también tiene "derecho a estar protegida suficientemente" ante las dudas sobre si su acosador pudiera "estar más enfadado conmigo por aquella situación u obsesionado con verme".

Con esto, y dado que la medida de la pulsera "se la pusieron de forma excepcional como medida de libertad vigilada por la gravedad de la situación", según ha indicado, Ramírez asegura que "diferentes magistrados" le han invitado a "salir a contar esta situación públicamente para modificar este aspecto" de la ley y "poder actuar para proteger mi caso y otros que se les presentan con los que no pueden actuar hasta que la ley no se adapte y los incorpore".

La madre de Gabriel ha expresado su agradecimiento a aquellas personas que le han trasladado su apoyo y le "brindan su cariño y ayuda". "Cada vida tiene sus cosas y todos llevamos nuestra lucha. En la mía ahora está protegerme y asegurar que se haga justicia con la muerte de Gabriel tal como me comprometí con él y el resto de la sociedad comprometida a hacerlo con la mejor voluntad y trabajo necesario", ha concluido.

Respuesta de la prisión

Por su parte, el director del centro penitenciario El Acebuche de Almería, Miguel Ángel de la Cruz, aseguró que se han “extremado las cautelas todo lo posible” a la hora de conceder un permiso de salida de tres días al hombre condenado por acoso. “En ningún caso se hubiese concedido un permiso si la Junta de Tratamiento hubiese apreciado un riesgo, aunque fuese mínimo, de comisión de un nuevo delito o de quebrantamiento de condena. No se hubiera hecho aunque se hubiese apreciado el más mínimo peligro”, explica.

Añade que l a evolución mostrada por D.M.F.A. ha sido “bastante favorable en todos los ámbitos de la intervención penitenciaria” y que debido a esto y a que “los permisos son un derecho de cualquier interno que reúna una serie de requisitos, que en este caso concurren”, la Junta de Tratamiento propuso al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria dicho permiso de salida de tres días.

Recalca que en esta valoración se han tenido en cuenta "todas las sensibilidades posibles", abordando con una "extraordinaria delicadeza" todos los posibles efectos que "pudiera desencadenar este permiso". Recalca que en esta valoración se han tenido en cuenta "todas las sensibilidades posibles", abordando con una "extraordinaria delicadeza" todos los posibles efectos que "pudiera desencadenar este permiso".

Una de las variables que se ha tenido en cuenta precisamente para la valoración positiva ha sido potenciar más los vínculos sociales y familiares del interno, apunta De la Cruz, quien recuerda que este tipo de permisos no se conceden, precisamente, a los presos que no tengan "fuentes vínculos familiares" que impidan que exista una "adecuada acogida".

Asimismo, ha destacado que el permiso lleva aparejadas otras medidas de control como son "la recogida familiar, la tutela familiar permanente durante estos tres días, y la presentación del interno ante las fuerzas de seguridad tanto el primer como el segundo día".

"Se ha entendido que con estas medidas se deja fuera cualquier posibilidad de un uso indebido del permiso de salida que se le concede", ha apostillado el director de El Acebuche.

También ha recalcado que tras el "estudio pormenorizado" de la Junta de Tratamiento, la propuesta fue trasladada al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que fue el que aprobó finalmente desde la tutela judicial la concesión del permiso "dado que el penado reúne todos los requisitos que se exigen y tras valorar que el riesgo de posible comisión de un nuevo delito se reduce al mínimo".