¿Se puede librar el rey del gasóleo adulterado de la prisión por una prescripción de delitos? Eso es lo que busca su abogado, que en la vista oral celebrada este viernes contra Emilio Torrecillas Martínez, de 65 años y natural de Albanchez, planteó una serie de cuestiones previas que serán finalmente resueltas cuando se dicte sentencia. La cuestión es que el letrado sostiene que no ha existido un delito de blanqueo de capitales, el más grave de los que la Fiscalía imputa al acusado.

La prescripción en ese tipo delictivo es de diez años pero, si se logra demostrar que no ha se ha producido, sólo quedarían cuatro delitos contra la hacienda pública y otro de falsedad documental. De validar su tesis los magistrados, habría que fijarse en los siguientes más graves, los delitos contra la hacienda pública, que tienen un plazo de prescripción de cinco años. Ycomo el auto de apertura de juicio oral es del 5 de mayo de 2015 habrían prescrito. Siempre según este letrado, que asegura que el haber estado en rebeldía, esto es, en paradero desconocido durante años, y los propios retrasos por la covid-19, no influyen en esta cuenta temporal.

Por supuesto, el fiscal y la abogada del Estado no están de acuerdo. Pero este tecnicismo podría evitar que Torrecillas acabase en el presidio. Todo ello a pesar de que el pasado 9 de julio reconocieran los hechos cinco de los colaboradores del acusado, siendo condenados por delitos contra la hacienda pública, otro continuado de falsedad documental y uno más de blanqueo de capitales cometidos entre 2007 y 2010. Todo por los mismos hechos que se le imputan al empresario.

Claro que varios de estos condenados han dado la sorpresa. “Como estoy obligado a decir la verdad, nunca fui culpable de un delito que nunca cometí y con el que nunca estuve de acuerdo. Se llegó a un acuerdo ante el riesgo de una pena de 11 años y pico. Sabía lo que había en el sumario, pero no si los hechos eran ciertos o no”, en palabras de uno de ellos.

Frente a un pormenorizado testimonio de los agentes de Vigilancia Aduanera que pusieron en marcha la operación que permitió descubrir el presunto entramado, tras descubrir que había vehículos utilizando un gasóleo con entre alrededor de un 25% de aceite industrial, Torrecillas ha negado todo y ha hecho gala de mala memoria. “No lo recuerdo”es posiblemente la frase más repetida en su declaración. Ha sostenido que simplemente era un transportistas, que su empresa era ERTA Servicios y que las demás mercantiles de la supuesta trama habían sido creadas por recomendación de directores financieras para poder optar a créditos ante la falta de financiación, o simplemente sociedades con las que habían trabajado.

Ha dejado caer incluso una posible suplantación de identidad y aseverado que si llegó a figurar como apoderado en varias de las empresas, fue porque le dieron dicho poder para realizar “gestiones” que no han llegado a ser concretadas. Sólo Gerardo F.M., uno de los condenados previos, ha llegado a reconocer que fue nombrado administrador a cambio de una “propinilla”pero que era Torrecillas el que “siempre”tomaba las decisiones.