El Gobierno se escuda en la falta de una "denuncia formal" para defender la actuación de la Guardia Civil con Lucca

La polémica sobre si el sistema falló a la hora de proteger al pequeño Lucca antes de su asesinato ha encontrado hoy respuesta oficial. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha salido al paso de las acusaciones de negligencia lanzadas por la familia materna para negar tajantemente la existencia de alertas registradas. "No tengo conocimiento de ninguna denuncia formal que se haya producido en este caso concreto", ha sentenciado Fernández durante una comparecencia en Almería.

El representante gubernamental ha respondido así a la versión sostenida por el abogado del abuelo, quien asegura que la tía abuela de Lucca acudió al cuartel de la Guardia Civil tiempo atrás mostrando fotografías de las lesiones del menor, sin que los agentes actuaran por falta de requisitos burocráticos. Frente a este relato, el delegado ha cerrado filas con la institución armada: "No tenemos constancia de que haya habido ningún mal funcionamiento en lo que afecta a la Guardia Civil".

Fernández ha utilizado el matiz de la "denuncia formal" —es decir, la que consta por escrito y registrada— para desactivar la crítica sobre la supuesta inacción ante los avisos verbales de la familia. A pesar de la defensa cerrada del cuerpo, ha dejado una puerta abierta a la revisión interna: "Si hubiera habido algún tipo de actuación que hubiera generado cualquier disfunción, se pondría de manifiesto de forma inmediata".

Sin embargo, al ser preguntado específicamente por los detalles de esa visita de la tía abuela al cuartel que relata la acusación particular, el delegado ha evitado profundizar escudándose en el secreto de las actuaciones. "Es un tema que está judicializado y cualquier cuestión sobre lo que haya ocurrido o dejado de ocurrir está en manos de quien instruye el caso", ha zanjado, delegando la responsabilidad de esclarecer los hechos previos en el juzgado de Vera que lleva la causa.

No obstante, el caso era conocido por las administraciones de forma previa a la muerte, ya que de hecho los Servicio Sociales de la Diputación de Almería mantuvieron una entrevista con la madre del niño el pasado 20 de noviembre, tal y como han confirmado a EFE fuentes de dicha institución provincial.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Vera, competente en Violencia sobre la Mujer, acordó el pasado 20 de octubre una orden de alejamiento del hombre detenido por la muerte de un niño en Garrucha. La orden de alejamiento se dictó tanto respecto a la madre como al hijo.