Golpe al petaqueo: la nueva ley contempla penas de cárcel para el suministro de combustible a narcolanchas

La nueva Ley de Multirreincidencia castiga la adquisición, tenencia o depósito de cualquier forma de combustible líquido con penas de prisión de tres a cinco años

El petaqueo se dispara en Almería: intervenidos más de 20.000 litros de gasolina en lo que va de año y cinco personas detenidas

Una narcolancha interceptada en el Poniente almeriense
Una narcolancha interceptada en el Poniente almeriense

El Ministerio del Interior ha destacado que la ley de multirreincidencia, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados castigará la práctica del petaqueo, el suministro de combustible a narcolanchas, con penas de entre tres y cinco años de cárcel. El petaqueo es el término con el que se conoce al uso de embarcaciones petaqueras o guarderías que en alta mar surten de bidones de combustible, las petacas, a las narcolanchas, una práctica cada vez más habitual en la costa almeriense. También se castigarán los robos en el campo de material y herramientas.

Fuentes de Interior han destacado este nuevo tipo penal, que está incluido en la ley de multirreincidencia impulsada por Junts, una norma que tras un año encallada en el Congreso ha sido aprobada con el voto de PSOE, PP, Vox y el PNV, y debe ahora pasar por el Senado antes de entrar en vigor. El ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha señalado que este nuevo delito castiga la adquisición, tenencia, depósito, almacenamiento, transporte o suministro de cualquier forma de combustibles líquidos al margen de los supuestos legalmente permitidos, que genere un riesgo para la vida, la integridad física o la salud de las personas, o para el medio ambiente.

El PP pide medios en el Parlamento

Las parlamentarias andaluzas del PP de Almería Mónica Morales y Ángeles Martínez han defendido este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía una Proposición No de Ley (PNL) para la puesta en marcha de medidas eficaces de lucha contra el narcotráfico en Andalucía, ante lo que consideran una “errónea actuación” y una “preocupante inacción” del Gobierno de España. Durante su intervención, Mónica Morales ha señalado que esta iniciativa es “un grito de auxilio por Andalucía”, en la que se recogen las demandas que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vienen reclamando para poder desempeñar su labor con seguridad y eficacia. Entre ellas, ha destacado la necesidad de que Guardia Civil y Policía Nacional sean declarados profesión de riesgo, que se les dote de más medios materiales, técnicos y tecnológicos, y que cuenten con un respaldo institucional real por parte del Gobierno. Las parlamentarias han acusado al Ejecutivo Central de no invertir lo suficiente en embarcaciones, efectivos ni en la mejora de cuarteles, y de seguir sin reconocer como profesión de riesgo a Policía Nacional y Guardia Civil. También ha criticado lo que considera un trato desigual respecto a otros cuerpos policiales autonómicos.

Esta medida, sostienen, complementa el real decreto ley aprobado en octubre de 2018 que calificó las embarcaciones rápidas como género prohibido. Combatiendo el petaqueo, se busca "anular la capacidad de proyección y la autonomía de las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las organizaciones criminales en el transporte de la droga", explican las misas fuentes. De la envergadura de esta actividad dan muestra los 683.000 litros de gasolina aprehendidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado entre enero y octubre de 2025 en las seis provincias afectadas por el plan especial de seguridad Campo de Gibraltar, Cádiz, Huelva, Málaga, Almería, Granada y Sevilla.

Interior destaca además que el petaqueo tiene también un impacto ambiental directo porque se vierte combustible en zonas protegidas y también es una práctica habitual arrojar las garrafas al mar tras el repostaje. Además, el almacenamiento irregular de grandes cantidades de combustible en naves, garajes, trasteros e incluso viviendas, así como su transporte por carretera incrementan la probabilidad de incidentes graves, lo que conlleva afectación de la seguridad y salud públicas.

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