José Fenández (PP), alcalde de Sorbas y portavoz del partido en la Diputación Provincial, defiende su inocencia ante los cargos de que se le acusan (por los que el fiscal ha pedido una pena de dos años y seis meses de cárcel así como la inhabilitación de empleo público) señalando que desea el comienzo "ya" de la vista oral. Entre los cargos de los que se le acusan se encuentra la construcción de ocho viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable en la pedanía de La Mela.

"Yo tengo la conciencia muy tranquila, porque se trata de algo injusto y a sabiendas, a mí el técnico municipal me dio el informe favorable y he hecho todo lo que entendía que un alcalde debería de hacer", asegura el regidor. "Las construcciones se realizaron en suelo urbano entendiendo que la licencia estaba bien otorgada y ahora no me queda más que esperar al juicio oral, que quiero que empiece cuanto antes".

El auto del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería impone una fianza de 48.000 euros para asegurar las responsabilidades pecunarias al alcalde sorbeño, a quien se le acusa junto a los tres concejales del Equipo de Gobierno José Martínez, Ana Idañez y José Ramos, que enfrentan cada uno 15 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. Fernández Amador, que concurre a la reelección en los próximos comicios municipales de 2011 y los tres ediles concedieron por unanimidad en junta de gobierno (julio 2005) licencia municipal de obras a la mercantil Manzana Homes de la que eran administradores los también acusados David M. y Spencer H. J. F., para construir ocho viviendas unifamiliares en La Mela. Según consta en el escrito de calificación fiscal, los cargos públicos autorizaron la obra pese a conocer que se promovía sobre suelo no urbanizable y sin que en el expediente administrativo constase el "perceptivo informe jurídico", por lo que "prescindieron totalmente del procedimiento legalmente establecido" al adoptar "una resolución que sabían contraria a la legislación urbanística vigente". El citado expediente administrativo fue tramitado por el arquitecto técnico municipal Pablo Antonio L. G. , que emitió un informe favorable "a sabiendas de su ilegalidad" y en 2006, también dio el visto bueno para que se concediese la licencia de segregación que solicitaron los promotores para la finca aunque "conocía" que era ilegal ya que supone una parcelación urbanística en terreno rústico.

La Fiscalía considera a este funcionario, a quien el juez ha impuesto finanza de 48.000 euros, autor de delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación, por lo que interesa para él la misma pena de cárcel e inhabilitación que para el regidor sorbeño que, según relata en su escrito de acusación, autorizó la segregación "prescindiendo de manera absoluta del procedimiento legalmente establecido" haciéndolo además "de maneta totalmente arbitraria".