Inmaculada Asencio: "Una muerte como la de Lucca no puede cerrarse con silencio"

La muerte de Lucca, un niño de 4 años hallado sin vida recientemente en Garrucha (Almería), ha conmocionado a la sociedad y, de forma especial, a diferentes profesionales que trabajan en la protección de la infancia. Desde que se conoció el terrible crimen se ha hablado de un fallo multisistémico, lo que ha generado un impacto profundo entre quienes se esfuerzan por evitar que algo así pueda suceder. Hoy hablamos con Inmaculada Asensio Fernández, trabajadora social almeriense que, desde una mirada reflexiva, defiende la importancia de revisar colectivamente cada caso de daño grave o muerte de un menor en estas circunstancias, mediante el enfoque denominado Serious Case Review (SCR).

Pregunta.Inmaculada, eres una de las pocas voces profesionales que han tomado la palabra públicamente sobre el caso de Lucca, reforzando la necesidad de análisis para la prevención. Me gustaría preguntarte a qué crees que se debe este silencio en torno al caso, ya que apenas se han escuchado posicionamientos públicos desde ámbitos profesionales vinculados a la protección del menor.

Respuesta.Creo que el silencio tiene mucho que ver con el impacto emocional que este tipo de casos genera, y con los primeros estadios del duelo. Cuando un niño muere en estas circunstancias tan dramáticas, y además era conocido por los servicios públicos, lo que aparece es una forma de trauma profesional. El autor norteamericano Frederic G. Reamer lo llama trauma vicario, y su principal efecto es que paraliza y bloquea a quien lo sufre, y creo que este trauma de algún modo lo estamos sufriendo todos. Muchas personas, en un intento de prudencia, se protegen emocionalmente evitando una exposición pública prematura del análisis, esperando que deje de algún modo de doler, pero provocando que caiga en el olvido. Sin embargo, teniendo claro que el crimen existe en todas las sociedades y culturas, nuestros colegas de Reino Unido decidieron hace años mirar de frente estas situaciones y hablar públicamente de ellas, sin realizar juicios paralelos ni buscar culpables, sólo para mejorar. Desde el ámbito de la protección de menores lo hacen con frecuencia a través de una metodología que aquí todavía no se conoce, hablamos del Serious Case Review, o revisión exhaustiva de casos graves, que ha permitido construir un marco para aprender de lo ocurrido y proteger mejor a la infancia. Porque si no hablamos de lo que duele, si no analizamos juntos lo que ha podido fallar, el riesgo de repetirlo es demasiado alto.

P.Recientemente has defendido la implantación del Serious Case Review en España como respuesta a un caso como el de Lucca. ¿Qué es y por qué es tan importante?

R.El Serious Case Review es una metodología que permite revisar lo ocurrido cuando muere un niño cuya situación ya era de algún modo conocida por los servicios públicos, esta práctica es obligatoria en Reino Unido, está recogida en su Ley de Protección a la Infancia. Lo que promueve es analizar de forma rigurosa cómo funcionaron los procesos de protección en ese caso concreto, para generar soluciones conjuntas desde el aprendizaje colectivo de lo que ahora (con toda la información disponible) consideramos que sí habría funcionado, y qué factores sistémicos pudieron influir en que no se llegara a tiempo. La idea es hacernos preguntas clave. Ahora que conocemos los detalles principales del caso, debemos cuestionarnos: ¿Qué señales de riesgo estaban presentes? ¿Cómo se detectaron? ¿Quién y cómo comunicó esas señales? ¿Qué señales se pasaron por alto? ¿Qué creemos que ha fallado para no llegar a tiempo en la protección de este menor? ¿Qué habría facilitado la identificación temprana? ¿Qué podríamos haber hecho mejor desde cada servicio? ¿Qué oportunidades de protección existían y no se activaron? ¿Tenían todos los agentes intervinientes la información del resto de sistemas? ¿Cómo lo hacemos para mejorar la coordinación entre servicios públicos? ¿Hay algún aspecto mejorable en los protocolos? Este análisis, cuando se hace bien, fortalece los procedimientos y las prácticas profesionales, todo ello para proteger mejor a la infancia.

P.Imagina que se pudiera llevar a cabo un Serious Case Review en nuestra provincia, a raíz del caso de Lucca, ¿Cómo se organizaría y quién sería invitado a asistir?

R.Siguiendo la metodología británica, lo organizaría el Servicio de Protección de Menores, como titular de la competencia en protección infantil, incluso aunque no hubiera tenido conocimiento directo del caso, como ha trascendido en el caso de Lucca. Le correspondería convocar una revisión formal, independiente del funcionamiento habitual de los servicios implicados, y con enfoque multidisciplinar. A esa reunión deberían asistir representantes de todos los sistemas que tuvieron conocimiento o contacto con el menor o su entorno, y también los que, sin haber intervenido, son relevantes en materia de protección, como educación, servicios sociales municipales, atención primaria de salud, cuerpos de seguridad, Fiscalía de Menores, y otros servicios que puedan aportar una mirada útil, por ejemplo, el Servicio Provincial de Adicciones, si procediera. Además, y esto es muy importante, debería incluirse una persona profesional independiente de todos estos sistemas (con formación o experiencia en protección a la infancia), para asegurar una revisión imparcial, sin conflictos de interés, que facilite una mirada crítica a la vez que constructiva. El objetivo sería revisar de forma conjunta lo ocurrido, no para buscar culpables, sino para aprender, identificar puntos de mejora y reforzar el sistema de protección.

P.Uno de los aprendizajes clave de los que hablas en tu blog (inmaculadasol.com) es el papel de los centros educativos en la detección del maltrato. ¿Qué significa esto en términos de protección infantil?

R.La escuela es un agente clave en la detección de situaciones de riesgo, porque los niños y niñas pasan muchas horas en los centros educativos y el contacto con las familias es diario. Esto permite al personal docente percibir señales que a veces pasan desapercibidas en otros contextos, como lesiones visibles, absentismo escolar, cambios en el comportamiento, etc. Por eso es fundamental reforzar la coordinación con el sistema educativo y animar a sus profesionales a notificar cualquier sospecha de maltrato, pues, además, estamos obligados a hacerlo, tanto ética como legalmente, a través del mecanismo institucional conocido como hoja SIMIA. Esa notificación puede activar una respuesta rápida y coordinada. Y conviene recordar que detectar la negligencia, el abuso o el maltrato no es solo tarea de los servicios sociales, sino de todos los agentes que conviven con la infancia.

P.Has mencionado también lo conveniente que puede resultar revisar los plazos de evaluación preliminar en situaciones vinculadas a la infancia. Háblanos un poco de esto.

R.Aunque nuestro sistema cuenta con mecanismos importantes para proteger a los menores en riesgo, quizá sea buen momento para revisar los plazos máximos para realizar las primeras valoraciones, porque a veces esa rapidez marca la diferencia entre llegar a tiempo o no hacerlo. En el Reino Unido, por ejemplo, cuando se recibe una alerta grave como puede ser una lesión inexplicable, violencia doméstica o cualquier forma de abuso, los servicios sociales pueden convocar una reunión urgente llamada strategy discussion (online), a la que van a asistir profesionales de la Policía, del sistema educativo, del ámbito sanitario, así como cualquier otra persona que esté trabajando con la familia, como especialistas en violencia de género. El objetivo es compartir toda la información disponible y valorar conjuntamente el nivel de riesgo. Si se considera que hay peligro serio, el menor debe ser visto por un profesional en menos de 24 horas, incluso aunque no se tenga el consentimiento familiar, y siempre asegurando que se escuche su voz, a esto es lo que llaman “the child´s voice”. Este tipo de intervención rápida y coordinada permite tomar decisiones ajustadas al riesgo real y evitar demoras que pueden tener consecuencias graves.

P.¿Y qué ocurre con la coordinación entre todos los servicios implicados? Parece un elemento central en tu argumento.

R.Lo es, y es esencial. Una de las claves del enfoque del Serious Case Review es que todos los agentes implicados en la protección del menor compartan la información que tienen de manera proactiva, es decir, sin esperar a que se la pidan. Cuando cada institución trabaja con datos parciales, las decisiones también pueden serlo. La visión global del caso se fragmenta, y eso impide detectar el riesgo acumulado, que es precisamente el que define la gravedad del posible desamparo. Por eso es tan importante trasladar la información de forma clara, ágil y coordinada, incluso aunque no exista aún una denuncia formal. El principio del interés superior del menor, reconocido en nuestra legislación y en la Convención sobre los Derechos del Niño, debe guiar siempre la actuación. Ya si podemos afirmar que el hecho de que no haya una denuncia formal no significa que no haya riesgo.

P.¿A qué te refieres como trabajadora social cuando hablas de que existían indicadores de riesgo acumulado? ¿Qué es esto de acumular riesgos?

R.Un indicador de riesgo es una señal de alerta que sugiere que un niño o niña puede estar en una situación de vulnerabilidad, maltrato o desprotección. Puede ser una lesión inexplicable, miedo intenso hacia sus progenitores, consumo de tóxicos de sus progenitores, absentismo escolar, comentarios preocupantes del propio menor, etcétera. Cuando varios de estos indicadores aparecen a la vez en una misma situación, lo que llamamos riesgo acumulado o atomización de riesgos, el nivel de gravedad se incrementa notablemente. En el caso de Lucca, tal como se ha publicado en los medios, existía una larga lista de estos indicadores, como denuncias por agresión retiradas después, grabaciones de vecinos mostrando agresiones, miedo intenso del menor hacia la pareja de la madre, lesiones físicas visibles, una fractura tratada en casa con un cabestrillo casero, asistencia al colegio del menor de 4 años solo, incluso con hematomas, ausencia de seguimiento sanitario, incumplimiento de una orden de alejamiento, consumo de sustancias por parte de la madre, convivencia precaria (he leído que el niño vivía en condiciones precarias en una habitación alquilada en un piso patera), alertas de familiares no atendidas, entre otros. Todos estos elementos no pueden analizarse por separado, de manera que no basta con que existan indicadores sueltos, lo que agrava la situación es su concurrencia no atendida. Ahí es donde debemos reforzar los sistemas de alerta para proteger a la infancia, pues es responsabilidad de todos y todas.

P.En términos jurídicos, ¿puede la Fiscalía instar medidas cautelares o provisionales para proteger a un menor mientras se tramita un proceso?

R.Sí, la Fiscalía puede hacerlo cuando hay indicios de riesgo. En el caso de Lucca, promovió medidas importantes como la orden de alejamiento del presunto agresor, incluyendo expresamente al menor como persona protegida, y pidió un informe a servicios sociales sobre su situación. Esto da a entender que no se tenía claro si su madre actuaba como figura de protección para el niño, o si por el contrario era una figura facilitadora del maltrato. Según la prensa, ella denunció y luego retiró las denuncias, y esta ambivalencia, descrita por la autora Lenore E. Walker en su teoría del Ciclo de la Violencia (1979), se da cuando tras la fase de agresión se produce el efecto “luna de miel” que lleva a la víctima a justificar lo vivido o incluso a reconciliarse. Con toda la información que hoy ha trascendido a los medios de comunicación podemos ver fácilmente que la adopción de medidas cautelares habría sido lo más indicado, pero no es tan fácil tomar esta decisión cuando no se cuenta con toda la información, motivo por el que se hace tan importante reducir los plazos de valoración en el entorno, por parte de los servicios sociales. Debemos reconocer que la falta de una visión global del caso puede generar prudencia extrema a la hora de tomar medidas drásticas, y esta es otra razón más por la que resulta imprescindible contar con revisiones colaborativas como el Serious Case Review.

P.¿Cómo ves el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo esto?

R.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una función clave en la detección y activación de respuestas ante situaciones de riesgo infantil. En este caso, según han recogido algunos medios, la tía abuela de Lucca trasladó su preocupación en el cuartel de la Guardia Civil, pero al no formalizar una denuncia, no se intervino. No se trata de cuestionar actuaciones concretas, sino de abrir un debate necesario sobre si los protocolos actuales no permiten actuar ante indicios razonables sin denuncia formal, pues si es así quizá debamos revisarlos. La protección de un menor no puede depender exclusivamente de un trámite administrativo.

P.¿Qué conclusiones clave te gustaría que la sociedad y las instituciones retengan de este análisis?

R.En primer lugar, el análisis de cada caso grave no debe entenderse como una búsqueda de culpables, sino como una oportunidad de aprendizaje institucional. En segundo lugar, la protección de la infancia es un trabajo constante y necesariamente compartido entre todos los sistemas. La detección temprana, la comunicación efectiva entre servicios y la reducción de tiempos de intervención son elementos determinantes, así como hablar con el menor, ponerlo en el centro de la intervención (the child´s voice). Y, por último, que el duelo institucional y profesional no se resuelve con silencio, pues esto lo enquista en la conciencia colectiva de quiénes confiamos en el sistema de protección a la infancia. La mejora solo puede surgir del análisis honesto y coordinado entre todos los servicios implicados, a través del Serious Case Review. Una vez alguien me dijo que “la verdad cura”, y creo firmemente que así es. No se trata de remover lo sucedido, sino de mirar de frente las debilidades del sistema para reforzarlas. Lo contrario no previene que se repita. Escuchar el dolor social que este caso ha generado y traducirlo en políticas más robustas y respuestas más ágiles, esa sí es una forma real de honrar la memoria de Lucca y de proteger mejor a otros niños y niñas en el futuro.