Los inmuebles de Almería no pasan la prueba de la eficiencia energética

Desde hace más de un año, todos los propietarios de un inmueble que quieran venderlo o alquilarlo han de lograr una certificación energética que establece la categoría a la que pertenece entre las seis establecidas por la Junta de Andalucía. De esta forma, el inmueble queda catalogado como más o menos eficaz desde un punto de vista energético, de manera similar a como se viene haciendo con los electrodomésticos desde hace ya bastantes años.

En el caso de Almería, sólo el 2% de los más de 15.000 inmuebles con certificación energética aprobada por la Junta poseen una de las tres categorías más eficientes, mientras que el 42% tienen la peor categoría existente. La diferencia significa, por ejemplo, que mientras que una vivienda tipo B gasta una media de 400 euros al año en calefacción, la de tipo G gasta 2.000 euros al año.

La provincia superó en septiembre los 15.000 certificados energéticos registrados a través de la aplicación on line que en junio de 2013, coincidiendo con la entrada en vigor de su obligatoriedad, puso en marcha la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Se trata de una herramienta que facilita y agiliza la realización de ese trámite, de manera que los ciudadanos no tengan que desplazarse hasta la Delegación Territorial para llevarlo a efecto. El volumen de registros tramitados en Andalucía desde su puesta en marcha asciende a 121.444, lo que significa que las 15.474 certificaciones en Almería suponen el 13% del total.

En virtud del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, aprobado por el Gobierno central, deben efectuarse certificaciones energéticas en inmuebles que estén en uso si su propietario desea venderlo o alquilarlo, así como en todos los edificios administrativos donde se ocupe una superficie igual o superior a 250 metros cuadrados y sean frecuentados por el público. Este documento mide cómo es de eficaz un edificio o vivienda en cuanto a consumo energético.

Las cifras de Almería del pasado mes de septiembre reflejaban que había 15.597 certificados inscritos, de los cuales 15.159 son de titularidad privada y 438 de titularidad pública. De esos 15.597 certificados energéticos inscritos mediante la aplicación de la Junta, el gobierno regional había dado el visto bueno a 15.474. Su distribución en función de la calificación energética obtenida era la la siguiente: 3 del tipo A, 71 del B, 272 del C, 698 del D, 5.856 del E, 2.120 del tipo F, y 6.454 con calificación G. Es decir, que mientras que las tres categorías más eficientes apenas sumaban el dos por ciento del total de los inmuebles valorados; el 93% de los certificados correspondían a inmuebles catalogados con una de las tres categorías menos eficientes.

Según explica la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Adriana Valverde, la normativa estatal es transposición de una directiva europea que pretende reducir el consumo energético en todos los países miembros. En el caso de Andalucía "partíamos de una mejor posición que otras comunidades para cumplir esta obligación, puesto que ya contábamos con una normativa anterior similar, pero sólo para viviendas de nueva construcción o que sufrieran grandes reformas. Además, hay que resaltar la apuesta que ha hecho la Junta por el ahorro y la eficiencia energética y por el impulso de las energías renovables en estos últimos años, con una regulación incluso más ambiciosa que la estatal. Y es que el certificado andaluz no sólo recogía la calificación energética del edificio, sino también el cumplimiento de las exigencias básicas de ahorro energético y energías renovables, así como la validez de los planes de gestión de la energía que deben elaborarse de acuerdo con dicha norma".

Valverde resalta que los certificados constituyen "un diagnóstico de las posibilidades de mejora de la eficiencia energética del parque residencial andaluz y almeriense, lo que supone un ahorro económico para los propietarios de las viviendas y oportunidades de negocio y trabajo para los profesionales técnicos y para el sector de la construcción, como ya se ha demostrado con la buena marcha de Programa de Impulso a la Construcción Sostenible impulsado por la Junta de Andalucía".