El juez paraliza el juicio contra el exministro Soria por la deuda con una empresa almeriense al dudar de su competencia

El enjuiciamiento del exministro de Sanidad Bernat Soria y sus dos hijas por un presunto delito de alzamiento de bienes ha sufrido un nuevo revés procesal que amenaza con postergar la resolución del caso indefinidamente. El Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla ha dictado una providencia en la que cuestiona su propia competencia para celebrar el juicio, abriendo la puerta a que la causa sea derivada a una instancia superior, la Audiencia Provincial, lo que reiniciaría los plazos de señalamiento tras más de tres años de espera.

Según la resolución judicial fechada el 19 de diciembre de 2025, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, el magistrado Luis Javier Santos Díaz ha paralizado las actuaciones al advertir que la acusación particular, ejercida por la mercantil Vegetal Green S.L., califica los hechos bajo el artículo 250 del Código Penal. Este tipo penal, referente a una modalidad agravada de estafa o frustración de la ejecución, conlleva penas máximas que exceden el límite legal que puede juzgar un juzgado de lo Penal.

El conflicto judicial tiene un marcado acento almeriense, ya que la parte perjudicada es la empresa Vegetal Green, que tiene su sede en El Ejido y reclama una deuda reconocida judicialmente superior a los 400.000 euros, más otros 120.000 euros en concepto de intereses y costas. Fuentes cercanas al procedimiento señalan que el origen de este quebranto económico se remonta a 2015, derivado de una inversión fallida de 250.000 euros en Newbiotechnic, una empresa biotecnológica vinculada entonces al exministro. Según consta en los antecedentes de la causa, tal y como informa EFE, dicha inversión se habría realizado bajo una apariencia de solvencia que no se correspondía con la realidad financiera de la compañía.

La situación actual deriva de una sentencia civil firme de mayo de 2021. Cuando la empresa acreedora intentó ejecutar el cobro, se topó con la insolvencia declarada de Soria. La investigación posterior, iniciada por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla , desveló que los únicos activos del exministro habían sido transmitidos a sus hijas, supuestamente "sin justificación económica" y con el único fin de eludir el pago.

Ahora, la providencia del juez otorga un plazo de cinco días a las partes para alegar sobre la competencia. Desde la acusación se denuncia que esta cuestión técnica supone una "dilación indebida" que agrava el perjuicio a la víctima, un empresario ajeno a la política que lleva años intentando ejecutar una deuda líquida y exigible. Si finalmente el caso se eleva a la Audiencia Provincial de Sevilla, el procedimiento entraría en un nuevo turno de reparto, prolongando la "despatrimonialización fraudulenta" que, según los autos de instrucción, ha impedido hasta la fecha resarcir el daño económico causado