El juicio penal del Mesón Gitano sienta el miércoles a cinco imputados

La obra estandarte del plan Almería Urban, el edificio del Mesón Gitano, sentará en el banquillo a cinco imputados, entre ellos altos funcionarios del Ayuntamiento de Almería y representantes de la empresa adjudicataria del proyecto y obra, Facto, en un juicio oral de cuatro días que empieza este próximo miércoles y en el que se discernirá la existencia de dos posibles delitos penales, prevaricación y tráfico de influencias, en la adjudicación del polémico inmueble a los pies de la Alcazaba.

Las partes han sido citadas por el Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, seis años después de que el Ayuntamiento de Almería resolviera el concurso de adjudicación de proyecto y obra a favor de Facto, y como resultado de dos años de indagaciones del Ministerio Fiscal sobre las posibles irregularidades en el proceso, con un sumario que alcanzaba en 2015 los tres tomos y más de medio millar de páginas, entre las que se incluyen el informe de la Policía Judicial, con escuchas telefónicas, declaraciones tributarias y averiguaciones sobre el patrimonio de los investigados.

Los imputados son dos funcionarios, entonces jefes de Servicio del Ayuntamiento de Almería, Juan de Dios Matarín y David Lozano, y el ingeniero José Luis Merelo que, en aquel momento, trabajaba para el Consistorio mediante un contrato de asistencia técnica. Junto a ellos, el presidente y secretario de la constructora Facto, José Torrente y Antonio Alañón.

El Ministerio Público formulaba, en marzo de 2014, denuncia por la vía de lo penal al apreciar que la actuación en el seno de la empresa municipal Almería Urban -encargada de gestionar los fondos europeos y de la contratación de obras como la del Mesón Gitano-, podría constituir los presuntos delitos citados, atendiendo a las denuncias en su día formuladas, de manera independiente, por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA) y UpyD. Están llamados a declarar como acusación particular el COAA y José Luis Raya de la Cruz, por la formación magenta.

El Colegio de Arquitectos, que recurrió en su día la licitación conjunta del proyecto y obras, acudió en 2013 a la Fiscalía por la presentación al concurso de dos proyectos idénticos firmados, no obstante, por diferentes profesionales y empresas constructoras, resultando una de ellas, Facto, la adjudicataria, frente a Salcoa. Semanas más tarde, UPyD decidía también presentar denuncia en la que, además, se aludía “a la estrecha relación que existe entre ambas empresas”, así como con “técnicos municipales” que se encargaron de evaluar las ofertas.

Terminada la instrucción, la Fiscalía Provincial de Almería cursaba escrito de acusación, en marzo de 2017, solicitando penas de cárcel para tres de los técnicos del Ayuntamiento de la capital, así como una multa de 5.400.000 euros –el importe del presupuesto de ejecución del Mesón–, e inhabilitación especial para el empleo o cargo público Contemplaba tres posibles delitos. Además de prevaricación y tráfico de influencias, el de negociaciones prohibidas, falta que no figura en las citaciones judiciales remitidas por el Juzgado de lo Penal número 5.

El Ministerio Público achaca un posible delito de tráfico de influencias al presidente de Facto y al secretario de la misma mercantil para los que se solicitaba la misma cuantía que a los técnicos y un año y nueve meses de prisión.