"¡Qué me mata, que me va a matar!", es lo que decía desesperada a gritos la dueña de un supermercado de la localidad nijareña de Ruescas mientras un hombre intentaba entrar a su tienda golpeando con una piedra la puerta automática del establecimiento. El vídeo que captaba las acciones de este subsahariano se volvió viral y recorrió el país. Algo que explica la notable presencia este miércoles de medios nacionales en la Ciudad de la Justicia para asistir a un juicio que se ha suspendido y se celebrará finalmente este jueves.

Se ha intentado alcanzar un acuerdo para evitar el juicio y reducir las penas que reclama la Fiscalía de Almería, que suman un total de cuatro años de prisión y, aunque no ha sido posible, no se descarta que esta conformidad pueda producirse finalmente. En cualquier caso, la vista oral se retrasa un día respecto a lo previsto porque no han comparecido dos guardias civiles que las acusaciones habían solicitado como testigos para el juicio.

La calificación del fiscal señala que sobre las once y media de la mañana del pasado 1 de febrero el acusado acudió al supermercado de las víctimas con la intención de "atemorizarlas" y que, con una "gran agresividad", se dirigió a ellas y les manifestó de "forma reiterada" que las iba a "matar.

También para "amedrentarlas" y causar "desperfectos" en el local, el acusado golpeó "violentamente" con una piedra de "grandes dimensiones" la puerta de cristal del establecimiento hasta lograr romperla. El fiscal añade que al llegar la Guardia Civil el acusado hacía gestos con la mano en el cuello a las denunciantes, así como que intentó golpear a un agente al que lanzó una manotazo, tras lo que se "opuso enérgica y físicamente a la detención".

Por estos presuntos hechos, el fiscal pide dos años de prisión por un delito de amenazas, por el que también interesa una orden de alejamiento de 200 metros respecto de las denunciantes durante cinco años.

Además reclama dos años de cárcel por un delito de atentado, y nueve meses de multa, a razón de 12 euros al día, y orden de alejamiento de 200 metros durante tres años, por un delito de daños.

Finalmente, el fiscal solicita que indemnice con 503,13 euros a las denunciantes por los desperfectos ocasionados.