Once de los catorce acusados por su presunta relación con un grupo organizado dedicado al cultivo de marihuana a gran escala en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, han mostrado este martes su conformidad con las penas propuestas por la Fiscalía tras una sustanciosa rebaja en las peticiones del fiscal.

Dos de los principales beneficiados por este acuerdo han sido los dos policías locales de Vícar que se enfrentaban a dos años de prisión por un delito contra la salud pública y a un año y medio de cárcel por un delito de pertenencia a grupo criminal, toda vez que han aceptado únicamente un año de inhabilitación por un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Los abogados de ambos agentes, Mónica Moya y Alberto Martín Maldonado, han destacado a EFE que no había pruebas que relacionasen a sus clientes con el resto de acusados, y menos para darles un papel predominante en la trama, tal y como había ocurrido con el representado por Moya.

El cabecilla del grupo, J.A.R.S., ha aceptado una pena de tres años y un día de prisión y multa de 120.000 euros por un delito contra la salud pública; seis meses de cárcel por pertenencia a grupo criminal, y una multa de seis meses al día, a razón de seis euros diarios, por un delito de defraudación eléctrica.

Originalmente, el fiscal solicitaba para él penas de cinco años y medio de prisión, diez meses de multa a razón de 10 euros al día, otra multa de 300.000 euros y el pago de sendas indemnizaciones a Endesa e Hidralia por las acometidas ilegales al suministro eléctrico e hídrico.

El “íntimo amigo” y presunta mano derecha de J.A.R.S., así como su esposa, se han conformado con penas de seis meses por encubrimiento, mientras que el resto de acusados que han cerrado un acuerdo con el fiscal han aceptado penas que van de los seis meses a los dos años de cárcel.

Los otros tres acusados, entre ellos un empresario que presuntamente alquilaba las viviendas en las que se cultivaba la marihuana, serán juzgados el próximo 2 de febrero.

En la calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, se acusa a catorce personas por unos presuntos hechos que comenzaron en un momento "indeterminado" anterior a septiembre de 2018, cuando siete de ellos se "concertaron entre sí con la finalidad de obtener grandes cantidades de marihuana" para su venta a terceros.

Según el fiscal, establecieron una división de funciones para preparar las ubicaciones en las que se iban a instalar las plantaciones, acondicionando para ello viviendas de su propiedad, de conocidos o en alquiler.

El Ministerio Público añadía que los otros siete acusados, entre ellos los dos policías, auxiliaban a este grupo, aunque finalmente los agentes han quedado fuera de esta estructura.

J.A.R.S. era el "jefe del grupo" y propietario de las plantaciones, otros acusados se encargaban de conseguir útiles, montar instalaciones eléctricas, controlar y gestionar los cultivos, así como de recoger las plantas, entre otras labores.

En cierto momento J.A.R.S. se puso en contacto con un empresario de Roquetas de Mar, otro de los acusados en la causa, para alquilar diversas viviendas y aquí presuntamente participaron los dos policías locales como presuntos responsables del cobro mensual de dichos alquileres, "obteniendo por ello una comisión del 10 %".

El fiscal ha destacado que los acusados situados en este "segundo nivel" no participaban en la instalación, mantenimiento y demás labores vinculadas directamente a los cultivos, pero eran "conocedores y consentidores" de lo que ocurría.