La Fiscalía de Almería ha interesado penas que van del año y medio de cárcel a los 14 años de prisión, para los miembros de un supuesto grupo dedicado a vender gasoil adulterado a estaciones de servicio y de transportes.

La calificación señala que el acusado E.T.M. ya ha sido condenado por contrabando por la “fingida exportación de 45.000 kilos de azúcar a Marruecos, tras obtener la correspondiente subvención de la Comunidad Europea, cuando lo exportado era polvo de mármol”.

También fue condenado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública por defraudaciones del Impuesto Especial de Hidrocarburos entre 2002 y 2005, y ha estado imputado en otras causas por defraudaciones del erario público.

Asegura el fiscal que “conforme a los designios” de E.T.M., junto al resto de acusados, habría realizado entre 2007 y 2010 una serie de actividades para “nuevamente conseguir beneficios ilícitos a costa de la Agencia Tributaria.

“Para conseguir sus ilícitos fines, el acusado se ha valido también de personas jurídicas de naturaleza mercantil que, bien ha creado a tales propósitos, o se ha servido de las mismas, teniendo algunas de ellas existencia real y realizando lícitas actividades de intermediación comercial”, añade.

En este sentido, el fiscal sostiene que se adquirían aceites exentos de tributación que eran mezclados con gasóleo, en una proporción 25-75%, que era vendido a estaciones de servicio y de transportes como si se tratara de gasoil, “producto sometido a una importante tributación con tres impuestos indirectos”.

La Fiscalía realiza en su escrito de acusación provisional un detallado recorrido por las relaciones entre las diferentes sociedades supuestamente implicadas, explicando el papel de los diferentes acusados en la presunta trama, ya fuese participando en la adulteración o dando “apariencia de legalidad” a las vientas del aceite.

Considera que los supuestos hechos son constitutivos de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de falsedad en documento mercantil y otro continuado de blanqueo de capitales, que imputa en diferente medida a los investigados, solicitando penas que van del año y medio de cárcel a los 14 años de prisión, con multas millonarias en algunos de los casos.