El próximo 19 de septiembre la Audiencia Provincial de Almería acogerá la vista oral por la venta de vehículos robados en el extranjero, a los que se le cambiaban las placas y se les alteraba el nímero de bastidor.

En este caso, el fiscal sostiene en su escrito de acusación provisional que desde finales de 2004, padre e hijo se venían dedicando “profesionalmente” a la venta de coches de segunda mano y de importación en Vícar.

Apunta que lo hacían en un local abierto al público bajo el nombre comercial de ‘Eurauto’, si bien el mismo “no correspondía a ninguna sociedad legalmente constituida”, bajo el que actuaba la empresa Accitex SL.

Una mercantil constituida en febrero de 1996 y con sede social en Guadix, cuyo supuesto objeto era la fabricación y venta de prendas textiles, y de la que ambos acusados eran administradores mancomunados.

Pues bien, según el fiscal, “puestos de acuerdo y con ánimo de lucro”, los dos adquirían en Alemania e Italia vehículos que habían sido robados y a los que les había sido doblado el VIN, esto es, el número de bastidor.

A dichos automóviles también se les cambiaba, presuntamente, las placas de las matrículas originales.

Además, para dichos coches también se habría confeccionado documentación falsa.

Todo ello era, de acuerdo al Ministerio Público, conocido por ambos acusados, que a pesar de ello “ofrecían indistintamente” a sus clientes traer a España los vehículos que solicitaban, sin que los compradores supieran el origen de los mismos.

Precisa que los contratos eran firmados a nombre de Accitex SL, así como que solía ser el hijo el encargado de ir a Alemania o Italia a recoger los automóviles que luego se exponían en el local de ‘Eurauto’, “ocultando su verdadero origen ilícito”.

Asegura que de forma indistinta, progenitor o vástago presentaban los coches en una ITV de Huércal de Almería para su “matriculación definitiva en España”.

El fiscal sostiene que, asimismo, para facilitar esta actividad en julio de 2005 se celebró una junta general universal de la sociedad Accitex SL para ampliar su objeto social a la “compra y venta de todo tipo de vehículos de tracción mecánica, incluso su exportación e importación”.

La Fiscalía considera que estos supuestos hechos son constitutivos de un delito continuado de receptación, de un delito continuado de uso de documento oficial falso y de falsificación en documento privado, de un delito de estafa, así como de un delito de insolvencia punible.

Para padre e hijo pide penas que suman siete años de prisión. Además, reclama un año y medio de cárcel para otra acusada por el último delito.