La Justicia desmonta la "Gürtel almeriense": archivada la pieza principal de Hispano Almería por falta de pruebas

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha escrito esta semana el epílogo definitivo de uno de los capítulos judiciales más convulsos de la historia reciente de la provincia. En un auto fechado el pasado 15 de enero de 2026, la magistrada Ana Belén Vico Serrano ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza principal del caso 'Hispano Almería', centrada en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La resolución, contundente en sus argumentos, desactiva la tesis de la financiación ilegal del Partido Popular y la supuesta trama de comisiones a cambio de obra pública que durante años acaparó titulares y desgaste político.

La decisión judicial, que llega tras la petición de la propia Fiscalía y de las defensas ejercidas por letrados como Alfredo Najas de la Cruz, Juan Marfil y José Luis Alabarce, se sustenta en tres pilares que han terminado por derrumbar la acusación: un giro copernicano en los informes policiales, la inconsistencia probatoria de los papeles hallados en un contenedor y la ausencia de rastro del dinero.

El punto de inflexión de la causa, tal y como detalla la magistrada en sus razonamientos jurídicos, se produjo cuando la unidad policial encargada de la investigación rectificó sus propias conclusiones iniciales. Aunque el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF detectó en un primer momento anomalías en los expedientes, el análisis posterior de la documentación aportada por el Consistorio roquetero fue determinante.

Según recoge literalmente el auto, el informe final de la Policía emitido el 7 de febrero de 2022 concluye, "modificando sustancialmente lo afirmado hasta entonces en informes anteriores, que no se han detectado graves irregularidades" en el ámbito de la contratación administrativa. Este cambio de criterio policial ha sido la llave para descartar delitos como prevaricación, cohecho, malversación o tráfico de influencias, ya que los técnicos certificaron que los fallos detectados "carecen de relación con la presunta comisión" de ilícitos penales.

Los "recibís" de la basura: papel mojado

La leyenda negra del caso se construyó sobre una serie de documentos, facturas y una libreta de anillas que un testigo afirmó haber encontrado en un contenedor de basura y entregó a la Fiscalía. En esos papeles aparecían anotaciones manuscritas o "recibís" que apuntaban al pago de mordidas a técnicos municipales y políticos.

Sin embargo, la juez Vico Serrano ha despojado a estos documentos de valor incriminatorio real. Aunque admite que su mera existencia es un "indicio", el auto subraya que estos recibís "no se encuentran firmados por ninguno de los supuestos receptores". La instrucción no ha logrado acreditar "la efectiva entrega/recepción de esas cantidades" ni ha encontrado correspondencia alguna en el patrimonio de los investigados tras un exhaustivo rastreo de las sociedades y cuentas personales.

Ni trama, ni prevaricación, ni Caja B

La resolución judicial traza una frontera nítida entre la chapuza administrativa y el Código Penal. La magistrada recuerda que para que exista un delito de prevaricación, la resolución injusta debe dictarse "a sabiendas" y ser fruto de la arbitrariedad, algo que no ha ocurrido en Roquetas de Mar. "No toda resolución contraria a la legalidad urbanística es constitutiva de delito", matiza la juez, insistiendo en que las irregularidades detectadas en los 62 expedientes analizados entre los años 2000 y 2010 no alcanzan la gravedad necesaria para ser consideradas criminales.

De este modo, el juzgado concluye que "no ha quedado acreditado siquiera indiciariamente" que existiera una estructura organizada para el cobro de comisiones ilegales, ni que los funcionarios o políticos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar recibieran pagos para favorecer al conglomerado empresarial de Hispano Almería.

El final de una era política bajo sospecha

El archivo de la pieza de Roquetas de Mar supone el carpetazo final a una macrocausa que se fue desinflando pieza a pieza —tras los archivos previos de Níjar, La Mojonera y Carboneras— y que marcó la agenda política de Andalucía durante la última década. El caso puso en la diana la gestión de Gabriel Amat, el histórico alcalde de Roquetas que, a sus años, ve despejado su horizonte judicial, aunque ya lejos de la presidencia provincial del PP que ostentó durante el estallido del escándalo.

La onda expansiva de las acusaciones alcanzó en su día a figuras clave del PP, y fue utilizada como ariete por la oposición socialista. Fueron tiempos en los que el entonces líder del PSOE-A, Juan Espadas, exigía explicaciones diarias sobre lo que calificaban como "financiación irregular estructural" del PP.

Hoy, la Justicia ha dictaminado que aquella supuesta "Caja B" no era tal, al menos desde el punto de vista penal. Contra este auto, que cierra la puerta a delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y organización criminal, cabe recurso de reforma y apelación en un plazo de tres días, aunque la contundencia del informe fiscal y policial hace prever que este es el punto final definitivo al 'Caso Hispano Almería'.