Los juzgados de lo Social de Almería no pueden reducir su carga y reclaman más jueces y letrados de la Administración de Justicia

La sobrecarga y el “excesivo volumen de asuntos de entrada” que registran los juzgados de lo Social del partido judicial de Almería han provocado que en la actualidad “se estén señalando vistas orales no urgentes para los años 2026 y 2027”, lo que supone “una evidente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”.

Así se desprende del acta de la última junta sectorial de los jueces de lo social, en la que se insiste en que desde hace tiempo se ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la creación de nuevos órganos judiciales y la aprobación de planes de refuerzo para los juzgados 1, 2, 3 y 4.

Una medida que, dicen, también se podría ampliar al número 5 y que tiene como objetivo reducir la pendencia de asuntos.

Subrayan que el señalar vistas en 2027 es una vulneración de la tutela judicial efectiva y recuerdan que el Tribunal Supremo (TS) ya sentenció que “es exigible que jueces y tribunales cumplan su función jurisdiccional, garantizando la libertad, la justicia y la seguridad, con la rapidez que permita la duración normal de los procesos”.

Algo que, exponía el TS; “lleva implícita la necesidad de que el Estado provea la dotación a los órganos judiciales de los medios personales y materiales precisos”, algo que, sostienen, ha sido “inobservado” e impide “garantizar el derecho a una justicia eficaz y ágil para al mismo tiempo garantizar el derecho a un proceso público con todas las garantías y sin dilaciones indebidas”.

Aseveran que no garantizar esto supone además la vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no puede cumplirse con el “actual el sistema de carga de trabajo” que soportan.

Mantienen que es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales de lo Social, aunque advierten que lo urgente es que haya más jueces y letrados de la Administración de Justicia.

Por ello, piden que mientras se aprueba la creación de estos juzgados, es preciso nombrar a un juez de adscripción territorial para los cinco ya existentes, dado que en estos momentos existe una “imposibilidad manifiesta” a la hora de reducir la pendencia con los medios existentes.

Todo ello porque, insisten, “el número de asuntos se ha ido incrementando en los años sucesivos a 2018 comparando cada año sucesivo con el anterior inmediato”. Precisamente, recuerdan cómo en plena pandemia se adoptaron medidas urgentes que contemplaban “como carga de trabajo (...) a fecha 31 de marzo de 2020, de más de 200%, contando con el Juzgado Social 5, el cual entró en vigor el día 1 de septiembre de 2020”.

Un plan en el que ya se contemplaba que estos juzgados soportaron en el año 2019 una carga de trabajo de 215%, con una pendencia media a fecha 31 de marzo de 2020 de 2.079 asuntos por órgano judicial.

Tras concretar el número de entrada de asuntos, asuntos resueltos, señalamientos, etc., de cada órgano entre 2020 y 2021, indican que si se toma como referencia el indicador de entrada de 850 asuntos fijado por el CGPJ en 2003, se puede comprobar que ha “devenido más que obsoleto”, pues en Almería el volumen es “mucho mayor”.

Lo mismo ocurre, afirman, si se toma como referente los módulos sobre carga de trabajo establecidos por el CGPJ en enero de 2013, que preveía una carga de trabajo con ejecuciones de entre 670 a 800 asuntos.