Un estudio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha evaluado los efectos que, sobre un ave amenazada, la ganga ortega, tiene la aplicación de las normativas de aceleración de renovables aprobadas en 2022 y 2023 por la Comisión Europea y el estado español en el marco del Plan REPower UE. Su puesta en práctica implica, entre otras medidas, la identificación por parte de los Estados Miembros de áreas preferentes de instalación de energías renovables (go-to areas) donde se eximirá a los proyectos de estas energías del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y de la participación pública. Además, y para evitar efectos adversos sobre el medio ambiente, dichas normativas proponen excluir del procedimiento de aceleración de renovables a determinadas zonas protegidas o medioambientalmente sensibles, y que en nuestro país son las incluidas en la Red Natura 2000, en espacios naturales protegidos, así como en el mar.

El equipo de investigación liderado por Francisco Valera (EEZA) ha trabajado en colaboración con investigadores de la Universidad de Almería, y ha comprobado que las consecuencias del nuevo procedimiento para la aceleración de renovables son negativas para las poblaciones de la especie de estudio, tanto a escala regional en Andalucía como local (Campo de Tabernas). Sus resultados demuestran que sólo una pequeña parte (el 17,7%) del territorio andaluz ocupado por esta especie está incluido en algún espacio protegido, y que la información sobre la distribución de la ganga ortega que tienen las administraciones competentes apenas refleja, en el mejor de los casos, el 41% de la distribución real del ave en el Campo de Tabernas. La protección de este ave esteparia tan escasa fue uno de los motivos por los que la Junta declaró a finales de 2022 inviable el proyecto promovido por GR Solar SL para la construcción de una planta fotovoltaica en en suelo no urbanizable sobre 72 hectáreas. 

Este estudio ofrece, además, la primera evidencia científica de extinción local de la amenazada ganga ortega, como consecuencia de una falta de planificación territorial y de información veraz y actualizada a la hora de implementar la energía fotovoltaica. “La participación de expertos en el procedimiento para la concesión de la autorización ambiental, aportando información científica fidedigna y actualizada, reduce hasta un 94% el impacto que tiene la implantación de plantas fotovoltaicas en la Ganga ortega en el área de estudio”, señala Francisco Valera. Por tanto, “la eliminación de la participación pública que proponen las nuevas normativas supone prescindir de una medida eficaz para evitar efectos adversos de la implantación de la energía solar sobre la biodiversidad”, añade. Los estados miembros de la UE tienen dos años para designar las zonas más apropiadas para un desarrollo acelerado de las renovables.

El estudio de la EEZA muestra que el diseño correcto de dichas zonas (go-to areas) requiere de trabajos de campo específicos para poder conocer con más exactitud el área de distribución de especies amenazadas. Los fondos Next Generation representan una excelente oportunidad de financiación para este tipo de estudios, como es el caso de los desarrollados por este grupo de investigación de la EEZA. La armonización del desarrollo de las energías renovables y la conservación de la biodiversidad es posible. Sin embargo, la urgencia en la toma de medidas y en su implementación impiden la adquisición del conocimiento científico imprescindible para lograr dicha armonización. Este estudio ha sido publicado en la revista Environmental Impact Assessment Review y financiado por la Unión Europea, a través de fondos Next Generation y la Agencia Estatal de Investigación.