La huelga iniciada por los letrados de Administración de Justicia (LAJ), que comenzó el pasado 24 de enero y que tiene previsto continuar la próxima semana "al no haberse alcanzado ningún acuerdo entre los interesados" ha conllevado en la provincia de Almería a la suspensión de 240 actuaciones judiciales, de las que 130 son juicios.

Así lo han trasladado la Secretaría Coordinadora de Almería en un comunicado en el que apunta que aún están por contabilizarse las falta de entrega de cantidades o suspensiones de subastas derivadas de estos paros.

Asimismo, han recordado que los servicios mínimos en toda la provincia son 20 letrados --la tercera parte de los LAJ--, que están "atendiendo con normalidad asuntos de guardia, violencia de género, comparecencias de menores y personas vulnerables y juicios orales penales en causa con preso".

"Lamentamos las molestias ocasionadas a profesionales y ciudadanos y esperemos que este conflicto se resuelva lo antes posible", han apuntado antes de recordar que el próximo lunes tienen prevista una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia, en carretera de Ronda, a las 12,00 horas.

La huelga ha sido convocada por las tres Asociaciones representativas del Cuerpo: Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINSEJU).

El motivo de la huelga, según se han referido, es "reivindicar el cumplimento de la adecuación salarial de este cuerpo superior jurídico A1 --igual a jueces y fiscales-- comprometida por el Ministerio de Justicia en abril del pasado año por haber asumido desde el 2009 funciones y competencias antes atribuidas a los jueces sin la adecuada contraprestación".

Asimismo se reivindican las "necesarias mejoras" en la Administración de Justicia para la prestación de un servicio de calidad al ciudadano e igualmente se pone de manifiesto que los letrados de la Administración de Justicia "son los únicos funcionarios de justicia que carecen de negociación colectiva propia a través de sus asociaciones que le representan", han dicho.