Se cumplen 34 años desde que agentes de paisano de la Guardia Civil, adscrito al Sub-Grupo Antidroga comandancia de Almería detenían al subcomisario de Policía, José Martínez
27 de febrero de 1985. Ese día, agentes de paisano del Servicio de Información de la Guardia Civil, adscrito al Sub‑Grupo Antidroga comandancia de Almería detenían al subcomisario de Policía, José Martínez por tráfico de estupefacientes. Mezclados entre los coches aparcados en la calle Calzada de Castro, sin perder de vista la puerta del bar Alhambra, los agentes de la Benemérita, esperaban el momento de la detención del subcomisario. En el interior del bar, José López había entregado un maletín color negro al agente, donde posteriormente se encontraron 980 gramos de cocaína.
Martínez, fue abordado por dos miembros del Servicio de Información en el momento que se disponía a abrir las puertas de su vehículo, un Tabolt‑Escorial estacionado a una decena de metros del establecimiento donde se produjo la entrega.
El teniente Alías y varios agentes más le cortaron el paso. El subcomisario de inmediato se identificó como policía y tras un breve intercambio de palabras fue conducido hasta la comandancia. El maletín mientras tanto, bajo la custodia de los guardias civiles que intervinieron en la detención, permanecía depositado sobre una mesa en la tercera planta del edificio de destinos, dependencia entonces del Servicio de Información de la Guardia Civil.
Testigos presénciales, comentaron entonces, que el policía no tuvo dificultades para abrir el maletín con la sustancia estupefaciente, ya que al parecer la clave coincidía con su numero de teléfono particular. Con las cartas sobre la mesa, el subcomisario Martínez, se apresuró pronto a rechazar la acusación de traficante, ya que según sus manifestaciones posteriores afirmó que desconocía el contenido del maletín.
Martínez, alegó que creía que solo llevaba documentos, aunque fue a más. Aseguró entonces que se limitaba a cumplir un servicio especial, de índole político y una rocambolesca hipótesis involucrando a diversas instituciones.
El subcomisario Martínez, declaró que pidió a un senador que hiciese llegar hasta Madrid tales documentos. Los varios folios mecanografiados, a un solo espacio y escritos de manera farragosa llegaron hasta la capital de España y una vez examinados por los especialistas de la Seguridad del Estado, declinaron cualquier tipo de comprobaciones al considerar que su contenido carecía de autentica importancia por lo que dieron carpetazo al asunto.
El gobierno civil de Almería, hacía llegar a las redacciones una nota oficial un tanto imprecisa. "En la mañana del día 1 de marzo, fue localizado y trasladado al acuartelamiento de la comandancia de la Guardia Civil de Almería, José López el hombre que la mañana del 27 de febrero de 1.987 entregó el maletín que contenía la droga al subcomisario Martínez en el bar Alhambra de la capital".
Martínez, alegó que creía que solo llevaba documentos, aunque fue a más
Otras versiones, no oficializadas, aseguraban que López se entregó voluntariamente a la Guardia Civil, al conocer detalles pormenorizados de lo ocurrido a través de los medios de comunicación de Almería. Prestó declaración ante el juez, admitiendo que mantuvo contactos como intermediario y de haberle entregado el maletín al subcomisario, sin que en ningún momento llegase a comprobar su contenido, dado que tenía la certeza de que solo iban documentos y no cocaína. Tras declarar, quedó de inmediato en libertad.
José Martínez, que al ser detenido solicitó la aplicación del "hábeas corpus" rechazada por el juez, fue de inmediato expedientado por la Dirección General de la Policía, acordando suspenderlo provisionalmente en sus funciones, ordenado la retirada de atributos, arma, carné profesional y placa e incoándole expediente disciplinario.
Ingresó en prisión a últimas horas de la mañana del 7 de marzo de 1985. La orden judicial rotunda y concisa indicaba, por un delito contra la salud pública, tráfico de estupefacientes. El subcomisario Martínez permaneció en el centro penitenciario hasta el 4 de junio, fecha en que fue decretada su libertad bajo una fianza de medio millón de pesetas.
Un informe analítico efectuado en el instituto de Toxicología de Sevilla, revelaba‑ según el abogado del subcomisario‑ que el producto intervenido contenía un 0´9 por ciento de cocaína.
El juicio contra el subcomisario tras sufrir dos suspensiones se inició el 24 de mayo de 1988.
En la primera sesión Martínez se ratificó en que estaba realizando un servicio por indicación de Presidencia del Gobierno, negociando el indulto de Francisco Iribarne a cambio de información comprometida para ciertas personalidades públicas.El policía afirmó que fue victima de una trampa.
La Guardia Civil declaró que desconocían que el acusado fuera policía
En la segunda sesión de la vista, la Guardia Civil declaró que ellos desconocían que el acusado fuese policía. Una empleada de hogar, que trabajaba en casa del subcomisario reconoció que López había estado en varias ocasiones en el domicilio del policía. López admitió que el agente le entregó el maletín que se encontraba camuflado debajo de una escalera en el jardín de la vivienda creyendo que eran los documentos de Iribarne, y que bajó el maletín al bar a petición del policía.
El capitán Alias que dirigía el grupo de guardias civiles que detuvo al subcomisario, manifestó en la sala que éste le ofreció diez kilos de cocaína para arreglar el asunto. En la tercera jornada del juicio, el fiscal a la vista de lo expuesto modificó la pena para el encausado, rebajando la pena de seis a cuatro años de prisión menor, multa de un millón de pesetas manteniendo la inhabilitación de siete años.
El 27 de mayo de 1988, el juicio quedó visto para sentencia. En el transcurso de la cuarta sesión los abogados de Martínez pidieron su libre absolución sin cargos, asegurando que la cocaína fue añadida tras la detención.
El 3 de junio de 1988, la Audiencia Provincial de Almería hizo pública la sentencia del "caso de la coca". Martínez fue condenado" por un delito contra la salud pública a la pena de dos años y seis meses de prisión y multa de un millón de pesetas con arresto sustitutorio en caso de impago de setenta y cinco días, una vez hecha excusión de sus bienes con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.
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