"Hay que dar a los menores satisfacción de sus derechos exigiéndoles sus deberes"

A partir de la entrada en vigor el próximo año de la ley de acceso a la profesión de abogado y los estudios de grado, la Escuela de Práctica Jurídica de Almería tendrá una función aún más relevante al convertirse el curso en un máster, para el que ya se ha firmado un convenio con la Universidad de Almería. José Pascual Pozo, presidente del Colegio de Abogados, se refirió a éste durante el acto de clausura del curso de la Escuela de Práctica Jurídica como pionero en España en la creación de la misma y en la formación de los abogados, uno de los fines esenciales establecidos por el Estatuto General de la Abogacía.

En los últimos 30 años se ha producido una transformación total en el mundo de la competitividad por ello hay que intentar ser el mejor en cualquier profesión, manifestó el presidente del Colegio, que expresó su felicitación a todos los que han terminado el curso y animó a quienes inician el nuevo.

A continuación fue el actual director de la Escuela de Práctica Jurídica, José Luis Godoy, quien afirmó que la formación sigue siendo uno de los pilares de la profesión. El Estatuto General de la Abogacía se refiere al abogado como "el licenciado en Derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico previo cumplimiento de los presupuestos y requisitos legales". Todos tenemos claro que ser abogado es algo más que ser licenciado en Derecho, incidió Godoy, y esta transformación necesaria se llevaba a cabo desde antiguo y hasta hace unos años por despachos de abogados consolidados a través del Instituto de la Pasantía. El Colegio de Almería fue uno de los primeros de España en impulsar la Escuela de Práctica Jurídica que desde entonces ha contado con la colaboración no sólo de los abogados de este propio Colegio sino de otros operadores jurídicos como jueces, fiscales, secretarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesores de Universidad o registradores, que han situado nuestra Escuela a nivel nacional".

El núcleo central del acto de clausura, en el que se entregaron las orlas a cada uno de los 43 participantes en el curso, fue la conferencia del juez de Menores Emilio Calatayud, que en varias ocasiones se disculpó ante la junta del Colegio y los asistentes por haber asistido sin la etiqueta adecuada a un acto de tal relevancia, al desconocer el contenido del mismo. Juez de Distrito en Tenerife desde 1980, pasó después a Granada para especializarse como juez de Menores, habiendo sido decano de los Juzgados de Granada desde 1993 a 2001. En su presentación, José Luis Godoy destacó de él "su calidad personal y humana, y la aplicación del sentido común en sus sentencias a menores".

Emilio Calatayud comenzó su intervención declarando que sigue estando colegiado en Ciudad Real como no ejerciente." Os admiro y os animo a los que empezáis en esta tarea complicada. Soy nieto, hijo y hermano de abogados y yo dejé la abogacía porque no valía para ello. Para mí tiene mucho más valor el abogado que el juez, porque éste decide pero el que tiene que buscar los mecanismos para que decida es el abogado". Centrado ya en su exposición sobre la situación del menor, el juez manifestó que en España tenemos complejo y estamos pagando el complejo de joven democracia. "No tenemos término medio y pasamos de un extremo a otro. Hemos pasado de un país en el que los menores no gozaban de ningún derecho a tener todos los derechos de los ciudadanos". Y el juez pasó a leer una larga lista recogida por la Ley de Protección Jurídica del Menor, con sus correspondientes obligaciones para padres, ciudadanos, profesores y autoridades; que junto a la Constitución Española y la Ley de Responsabilidad Penal del Menor conforma el ordenamiento jurídico con el que trabaja día a día el juez.

"Sigo pensando que la familia es la célula de la sociedad y que gracias a ella no nos estamos dando tortas en la calle en un país de más de cinco millones de parados". Pero en muchas ocasiones el problema está en las familias de los menores que llegan al Juzgado, "porque en España no ha interesado transmitir los artículos 154 y 155 del Código Civil". El primero se refiere a la patria potestad de los padres respecto a los hijos no emancipados y establece una serie de deberes y facultades de aquellos.

La situación actual es que el juez se encuentra de forma cada vez más frecuente con situaciones en las que los niños denuncian a los padres, "aunque la delincuencia juvenil está bajando, porque los menores están volviendo a la escuela y hay un mayor control al estar los padres más en casa". Sin embargo, hay dos delitos que sobrepasan el Juzgado de Menores, como son el maltrato de hijos a padres, principalmente en niños de clase media y media-alta, con agresiones físicas y psíquicas; y los problemas entre hijos y padres adoptados, devolviéndose hijos a los servicios sociales entre niños adoptados internacionalmente.

Por su parte, el artículo 155 del Código Civil establece que los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre, y contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella. El problema, para el juez Calatayud, es que los niños tienen derechos pero también tienen deberes y hay que informar de ambos. "Los menores han hecho abuso de sus derechos y dejadez de sus deberes. En la escuela son los padres los primeros que no reconocen la autoridad de los profesores, pero la justicia en España ha tenido complejo de joven democracia porque nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad, fundamental en un Estado Democrático y de Derecho, y nos ha dado miedo también aplicar los artículos 24 y 550 del Código Penal, en vigor, que definen al funcionario público y autoridad a efectos penales, y el delito de atentado por agresión a funcionario público.

El juez Calatayud tiene permanentemente a más de 20 niños condenados a aprender a leer, y a más de 200 condenados a estudiar la enseñanza obligatoria. Considera que la sociedad es hipócrita porque se preocupa por el paro y la crisis, pero los políticos no hablan de problemas muy serios como el alcohol, que es una droga (el afán protector por el tabaco debería trasladarse al alcohol), la ludopatía en los menores, especialmente en las apuestas por internet; o los móviles, instrumentos muy peligrosos para los menores.

En su carrera profesional, Emilio Calatayud ha juzgado unos 28 asesinatos u homicidios y 106 violaciones, unos 18.000 casos en total. "Realmente, el 80% de los chavales juzgados cometen delitos pero no son delincuentes. Por ello, las medidas alternativas son fundamentales. Sanción, inserción y reinserción, siempre en interés del menor, que no es otra cosa que darle satisfacción de sus derechos, exigiéndoles sus deberes".