La "guerra del agua" ha vuelto a abrirse paso en el debate político a cuenta del trasvase Tajo-Segura, por la aprobación del nuevo plan de cuenca del Tajo, otro episodio que se ha iniciado a pocas semanas de las elecciones autonómicas y municipales y en un contexto de sequía que afecta a todo el país. En la práctica, esto se traduce en una reducción de las aportaciones del Tajo a la cuenca del Segura a través del canal del trasvase.

En Andalucía, la cuestión del trasvase cobra importancia en la provincia de Almería, ya que el agua del Tajo permite que se cultiven 23.000 hectáreas en los municipios de Vera, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora, y da abastecimiento a 150.000 almerienses.

Con estas cifras, la Junta de Andalucía y la consejera de Agua, la almeriense Carmen Crespo, del PP, hace bandera con la defensa de estas aportaciones hídricas y denuncia la "arbitrariedad" de su recorte.

Por su parte, los socialistas andaluces destacan que el Gobierno central cumple las sentencias del Supremo con el nuevo plan del Tajo y que, además, se está reparando la desaladora del Bajo Almanzora, que quedó inutilizada por los daños causados por las riadas de 2012.

Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades involucradas en este asunto, que ha vuelto al foco de atención después de que el plan de cuenca del Tajo haya fijado por primera vez caudales ecológicos para este río, en cumplimiento de varias sentencias del Tribunal Supremo, de la Directiva Marco del Agua europea y de la Ley de Aguas.

Las dos posiciones -a favor y en contra de trasvase- se defienden tanto en los mítines preelectorales como en los tribunales y, de hecho, todos los gobiernos de las comunidades autónomas implicadas han presentado los correspondientes recursos ante el Tribunal Supremo defendiendo sus posturas, posicionándose a favor del real decreto en el caso de Castilla-La Mancha, o pidiendo su derogación y la suspensión inmediata de su aplicación, en el caso de las restantes.

Con estos planteamientos y con una sequía que deja sedientos los campos y los embalses, los partidos librarán en las urnas una nueva batalla de la "guerra del agua", en la que los ciudadanos decidirán con sus votos a los vencedores.