Nueve acusados por estafar utilizando tarjetas bancarias ajenas en Almería

La Fiscalía solicita penas de hasta 13 años de prisión para nueve personas acusadas de integrar un grupo criminal que entre febrero y noviembre de 2020 se habría dedicado a utilizar de forma fraudulenta datos de tarjetas de débito ajenas para adquirir productos, reservar alojamientos y pedir comida a domicilio en diferentes plataformas y establecimientos.

El juicio comenzará este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería y continuará el martes 1 de julio.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los procesados K.A.L., C.J.C.L., A.S.R., F.J.G.E., C.M.C., J.N.P., Y.J.B., A.B.E.K., P.A.M. y otros dos acusados más, formaron presuntamente un entramado delictivo organizado, con una distribución clara de funciones.

El fiscal asegura que algunos de los acusados se encargaban de obtener los datos bancarios a través de la deep web, así como de suplantar identidades reales para realizar compras en comercios electrónicos como Mediamarkt, Motoscoop, Descansin o Nilanva, o para reservar hoteles en Andalucía mediante páginas como Booking y Atrápalo. También habrían efectuado pedidos de comida a domicilio en plataformas como Just Eat, Uber Eats o Deliveroo.

Posteriormente, otro grupo de procesados se encargaba de recoger los productos adquiridos fraudulentamente, en domicilios frecuentados por ellos, y de entregarlos para su reventa, obteniendo beneficios económicos en efectivo.

El importe total de la estafa se eleva, según el fiscal, a 17.147 euros, aunque la acusación pública subraya el perjuicio añadido causado a al menos dos personas cuya identidad fue utilizada repetidamente.

Una de ellas fue suplantada en al menos 13 ocasiones, y otra, en más de 38, lo que derivó en la apertura de decenas de procedimientos judiciales en distintos juzgados del país, todos concluidos con sentencias absolutorias pero que generaron "un malestar patente y perjuicio económico notable".

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa, dos delitos de usurpación de estado civil y un delito de pertenencia a grupo criminal, solicitando por ello para cada uno de los acusados un total de 13 años de prisión, además de las penas accesorias y la prohibición de acceder al tercer grado hasta cumplir al menos la mitad de la condena.

En concepto de responsabilidad civil, el fiscal reclama que los procesados indemnicen de forma conjunta y solidaria a un total de 44 víctimas por los cargos realizados sin autorización en sus tarjetas de débito. También pide 6.000 y 9.000 euros respectivamente para las personas cuya identidad fue suplantada repetidamente