Es un derecho constitucional: poder disfrutar de una vivienda digna y adecuada, lo que no es sinónimo de derecho a la okupación, algo que pasa desapercibido a ojos de quienes okupan un inmueble, en más de un 75% de los casos para usos muy diferentes al de tener un techo bajo el que cobijarse al carecer de medios económicos para acceder a una vivienda. Almería es la segunda provincia española con mayor número de inmuebles okupados propiedad de entidades bancarias o fondos de inversión, según los datos que se desprenden de las centrales de alarma, que vislumbran cómo la okupación se ha asentado preocupando a los propietarios de viviendas, quienes temen que una o varias personas se instalen en un inmueble deshabitado sin su consentimiento.

Los denominados “puntos calientes”, es decir, donde mayor okupación se produce es en El Ejido, Roquetas de Mar, Vícar y Pescadería.

Cabe resalta que se trata de inmuebles a los que, según las fuentes consultadas, los okupas acceden para instalar un laboratorio de marihuana. En 15 de cada 20 viviendas okupadas en Almería cuando los Agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional competentes en el acompañamiento a la inspección acceden, al comprobar el estado de la misma se topan con la plantación de marihuana en alguna de las estancias.

El incremento en el índice de viviendas e inmuebles okupados ha supuesto un aumento en la demanda de las cerraduras y puertas anti-okupa. “Nosotros atendemos más de un centenar de incidencias al mes en la provincia solo de inmuebles propiedad de bancos y fondos de inversión”, explican desde la empresa Puertas Antiokupas y Multiservicios y López ubicada en Huércal de Almería. 

Imagen de cómo queda el inmueble, en el mejor de los casos, tras haber sido okupado.

Tener instalado un sistema de alarma y señalizarlo en la fachada con un cartel de alarma para hacerlo evidente “supone de por sí un método disuasorio que desanimará a la mayoría de los okupas incluso a intentar allanar la propiedad, ya que siempre preferirán una vivienda que esté desprotegida, aunque en muchos casos, viviendas que han estado años vacías no han sido okupadas hasta que no se les ha instalado una alarma y cambiado la cerradura”, añade, apostillando además que “son muchos quienes okupan por el mero hecho de hacer daño”.

Pero, ¿Cuál sería entonces la ventaja de tener una alarma instalada si ni eso les disuade? Si incluso señalizando que existe un sistema de alarma “los okupas deciden allanar la propiedad, por el simple hecho de contar con una alarma, el método de desalojo será mucho más sencillo. Y sí o sí, gracias a las imágenes captadas y a saber cuándo accedido a la vivienda deben desalojarla”.

La Guardia Civil inspecciona la vivienda tras el desalojo.

Cuando salta la alarma y la vivienda ha sido desalojada se trasladan hasta el punto para instalar una puerta anti-okupación, que “se instala sobre el marco de la puerta principal de la vivienda, sin alterar ni dañar la puerta original. La estructura permite el cómodo acceso a la vivienda con toda seguridad y es de fácil desmontaje para devolver a la vivienda su apariencia habitual”, afirma.

Los principales objetivos de los okupas son: viviendas vacías, sin vigilancia y segundas residencias. Las ocupaciones se suelen realizar en viviendas que llevan tiempo vacías, sin vigilancia y en las que es más fácil entrar. Y el día es el momento más elegido para una ocupación porque hay menos gente en sus casas y el ruido pasa más desapercibido. “Aunque en fin de año, por ejemplo, se atendieron 11 incidencias”, añaden. En cuanto a cómo acceden a las viviendas, “cualquier punto de acceso a la vivienda es vulnerable, la elección principal suele ser forzar la puerta o romper los cristales de una ventana. Y por ejemplo, si se ocupa un último piso también lo pueden hacer por el tejado o azotea”, concluyen.