La operación 'Edu Costa' concluye esta semana con 26 detenidos y un imputado

La Policía Nacional finalizó ayer en Almería con la detención total de 26 personas y la imputación de otra persona más la operación Edu Costa que trata de esclarecer si se produjo fraude en la financiación de cursos de formación a través de 13 empresas mediante subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo para cursos de formación en 2010 y 2011. Fuentes del caso han precisado a que a lo largo de esta semana se han llevado a cabo las últimas detenciones, aunque no han descartado que pueda producirse alguna más según disponga el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería que coordina esta operación. En total han sido 26 detenciones las que se han practicado en la provincia de Almería, si bien también se han llevado a cabo diez arrestos más en la provincia de Granada, la mayor parte de ellos de empresarios que tienen vinculaciones con sociedades radicadas en Almería. En esta línea, la UDEF preveía en un principio 35 detenciones vinculadas a compañías almerienses durante esta fase.

La investigación por presuntos delitos de fraude en la obtención de subvenciones, estafa o falsedad documental ha permitido indagar sobre la recepción de subvenciones por parte de 13 sociedades que en un periodo de dos años recibieron más de 4,9 millones de euros en ayudas con cargo a la partida 32D reservada por el Servicio Andaluz de Empleo a la financiación de cursos. Entre los investigados se encuentran personas vinculadas con el Centro de Estudios Andarax y a Sicma Andalucía S.L. que se habrían hecho con ayudas por valor superior a los 1,88 millones de euros mediante dos convocatorias únicamente. Las últimas cuatro detenciones que han trascendido se practicaron el día 17 a raíz de supuestas irregularidades en la concesión de ayudas a las sociedades Quintaeventos S.L., Aplinfo S.L. y Profesional de Salvamento y Socorrismo S.L., que en su conjunto se han beneficiado de 743.600 euros para impartir cursos.

La investigación apuntaba en una fase muy indiciaria a 35 personas y 17 mercantiles: Ormar Informatic, Inmecamar, y Academia Infosol, propiedad del ya exconcejal de Roquetas Juan Ortega y el concejal de Movilidad de Vícar, José Luis Leseduarte. Otras afectadas son Abakan, Granaforma, Hostelería y Formación Indalo.