La operación contra el fraude de gasóleo se salda con ocho detenidos y seis registros
La Guardia Civil ha centrado su investigación en los municipios de Cantoria, Vélez Blanco y Vélez Rubio, Albox, Huércal-Overa y Palomares
La Operación Nehar de Guardia Civil y Agencia Tributaria contra el presunto fraude en la comercialización de gasóleo de automoción se ha saldado en Almería con la detención de ocho personas y seis registros policiales bajo orden judicial tanto en gasolineras como en naves industriales y domicilios.
La actuación en la provincia se ha centrado en las comarcas del Almanzora y Los Vélez, donde se localizaban las ramificaciones almerienses de la trama que, al parecer, vendía gasóleo de automoción adulterado a gasolineras y transportistas y habría defraudado más de 5,5 millones de euros a Hacienda por el impuesto especial de hidrocarburos.
Los agentes han arrestado a tres personas en Cantoria, otras tres en Vélez Rubio, dos en la barriada de Palomares (Cuevas del Almanzora), una en Albox y otra en Huércal-Overa. Los registros se han repartido en Cantoria, donde se han efectuado tres, en Vélez Blanco y dos en Vélez Rubio.
Las investigaciones, iniciadas en 2011 y realizadas de forma conjunta por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han concluido con una actuación combinada en 24 provincias que llevó a la detención de 98 personas. Se les imputa como presuntos autores de varios delitos contra la Hacienda Pública, de estafa, falsedad documental y organización criminal, y a la realización de 52 entradas y registros en domicilios de particulares y empresas. En el marco de estas actuaciones se ha procedido a la incautación de 1,2 millones de euros, 331 vehículos y 128 inmuebles.
La trama, compuesta por nueve organizaciones distintas que extendían su actividad por 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana), adquiría gasóleo agrícola y de calefacción ('B' y 'C'), bonificados fiscalmente, manipulaba el producto resultante para eliminar las sustancias que permiten diferenciarlo a simple vista del gasóleo 'A' y lo mezclaba con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal. Así reducía notablemente sus costes, pese a los perjuicios que se pudieran ocasionar al consumidor, dada la baja calidad del carburante. La trama provocaba un importante perjuicio para otros operadores, afectados por esta competencia desleal.
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