Palomares cumple 60 años con el plutonio aún bajo tierra y sin salida cerrada

Sesenta años después del accidente nuclear de Palomares, el episodio más grave de la historia atómica española sigue sin cerrarse. El aniversario no llega como una simple efeméride ni como un ejercicio de memoria histórica, sino como la constatación de un problema activo y sin resolver: tierras contaminadas que no han sido retiradas, residuos radiactivos confinados bajo el suelo y una limpieza definitiva que continúa aplazándose.

En 2026, Palomares no es pasado. Es un conflicto político, jurídico y medioambiental plenamente vigente, condicionado por acuerdos internacionales incumplidos y por decisiones adoptadas hace décadas que siguen teniendo efectos reales sobre el territorio.

El origen de este conflicto se remonta al 17 de enero de 1966, cuando un bombardero B-52 estadounidense y un avión cisterna colisionaron durante una maniobra de repostaje en vuelo dentro de la operación Chrome Dome. El accidente provocó la caída de cuatro bombas termonucleares sobre el Levante almeriense.

Dos de esas bombas se rompieron al impactar contra el suelo, dispersando plutonio en forma de partículas finas sobre campos agrícolas y zonas próximas al núcleo urbano de Palomares. Desde ese momento, la gestión del accidente quedó marcada por la lógica militar.

Una gestión condicionada por la Guerra Fría

El despliegue inicial priorizó el control del territorio, la recuperación del armamento y la contención del impacto político en pleno contexto de Guerra Fría. La retirada de tierras contaminadas se abordó de forma parcial y selectiva, sin un plan integral.

Una parte de los suelos afectados fue excavada y enviada a Estados Unidos, pero otra quedó enterrada deliberadamente. El arado profundo de parcelas contaminadas permitió reducir la visibilidad del problema, aunque no su eliminación, una decisión técnica que condicionó todo el futuro del caso.

El desacuerdo sobre cómo limpiar

El núcleo del desacuerdo fue el criterio de limpieza. Mientras la Junta de Energía Nuclear defendía retirar tierras a partir de niveles relativamente bajos de contaminación, la Fuerza Aérea de Estados Unidos presionó para elevar los umbrales aceptables.

Aceptar esos límites supuso reducir el volumen de suelo a tratar y abaratar la operación, pero también asumir que Palomares no sería limpiado de forma completa. El problema se desplazó del terreno técnico al político sin resolverse.

En paralelo, se activó un entramado legal para gestionar las consecuencias inmediatas. Se creó una causa específica para canalizar reclamaciones por daños personales y materiales, apoyada en acuerdos bilaterales previos entre España y Estados Unidos.

Ese marco permitió compensar pérdidas agrícolas y daños directos, pero dejó intacta la cuestión de fondo: la permanencia del material radiactivo en el suelo y la responsabilidad a largo plazo por sus efectos.

Décadas de normalización oficial

Durante años, la versión oficial insistió en que Palomares estaba “normalizado”. Sin embargo, los controles radiológicos nunca se interrumpieron y determinadas zonas permanecieron valladas o sometidas a restricciones de uso.

El silencio institucional y el peso del secreto de Estado contribuyeron a diluir el problema en la agenda pública. La información sobre niveles de contaminación y riesgos sanitarios fue fragmentaria y limitada.

A comienzos del siglo XXI, el caso volvió a aflorar. Estudios del CIEMAT detectaron niveles incompatibles con el uso residencial en determinadas parcelas, y el Consejo de Seguridad Nuclear advirtió del riesgo de remover tierras sin un plan integral.

En 2003, el Estado optó por la expropiación de los terrenos afectados como vía administrativa. La medida permitió controlar el uso del suelo, pero no supuso la retirada definitiva de los residuos radiactivos.

Promesas diplomáticas sin calendario

Durante años, la solución quedó atrapada en un bucle de informes técnicos, promesas políticas y negociaciones diplomáticas sin fechas concretas. Ese pulso alcanzó su punto álgido en mayo de 2023.

Entonces, el presidente del Gobierno español y el presidente de Estados Unidos, Pedro Sánchez y Joe Biden, anunciaron desde la Casa Blanca la reactivación de los equipos técnicos bilaterales y la voluntad de avanzar hacia una solución definitiva, incluida la posible retirada de decenas de miles de metros cúbicos de tierra contaminada.

La expectativa duró poco. A lo largo de 2024, los intentos de concretar un calendario vinculante fracasaron. El elevado coste de la operación y la complejidad del sistema federal estadounidense bloquearon cualquier avance real.

El giro político y el bloqueo total

El escenario cambió tras las elecciones presidenciales estadounidenses de finales de 2024. La llegada de una nueva administración alineada con la doctrina America First de Donald Trump dejó claro que la limpieza de Palomares no figuraba entre sus prioridades. Ese giro congeló de facto los avances heredados del periodo anterior y devolvió el caso a una situación de bloqueo total, sin horizonte temporal.

Ante la parálisis diplomática, el conflicto entró en una nueva fase. En 2025, organizaciones ecologistas y vecinos impulsaron una ofensiva judicial para forzar al Estado español a actuar. La Audiencia Nacional admitió a trámite recursos clave contra el Ministerio para la Transición Ecológica, cuestionando que el Gobierno pueda escudarse indefinidamente en la falta de colaboración estadounidense.

El tiempo como factor de riesgo

Por primera vez, un tribunal planteó que España podría tener que asumir de forma subsidiaria la gestión de los residuos, incluso a costa de un conflicto diplomático. El caso ha llegado también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Mientras tanto, la posición oficial ha evolucionado. En sus últimos escritos, la Abogacía del Estado sostiene que los niveles actuales no justifican una intervención urgente y que remover tierras podría generar más riesgo. Los ecologistas interpretan ese cambio de discurso como una maniobra dilatoria. El problema es que el tiempo juega en contra: el plutonio enterrado no desaparece, se transforma.

Su desintegración está generando americio-241, un emisor gamma más penetrante. Los modelos científicos sitúan el pico de actividad en la próxima década, lo que implica que el riesgo radiológico podría aumentar si no se actúa. "La actividad máxima de 241Am se producirá 73 años después de la purificación del combustible de las bombas, es decir, entre los años 2030 y 2033, aunque ya en el año 2010 se produjo el 95 % de la actividad de ese isótopo", explicó en su momento a Diario de Almería Carlos Sancho,  quien fuera jefe del programa de recuperación radiológica y directora del Departamento de Medio Ambiente del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat).

Sesenta años después, Palomares sigue siendo un símbolo incómodo: el de un accidente que nunca se cerró del todo, una limpieza aplazada por razones políticas y un conflicto que permanece abierto mientras el reloj radiactivo continúa avanzando.