Estados Unidos permitió en Palomares niveles de plutonio miles de veces superiores a los de su propio territorio

Lo que en Estados Unidos obligaba a evacuar poblaciones enteras se consideró aceptable en Palomares. Esa doble vara de medir marcó el Proyecto Indalo, un programa presentado como vigilancia sanitaria que, según la documentación científica y los propios resultados obtenidos, convirtió durante décadas a los vecinos de esta pedanía de Cuevas del Almanzora en sujetos de experimentación humana tras el accidente nuclear de 1966.

El proyecto, activado tras la caída de cuatro bombas nucleares, nunca tuvo como prioridad la protección de la población. Fue un dispositivo científico y político diseñado para gestionar las consecuencias del accidente sin asumir su verdadero alcance. Bajo la apariencia de controles médicos y seguimiento ambiental, se falsearon datos, se elevaron artificialmente los umbrales aceptables de plutonio y se prolongó una situación de contaminación sin limpieza integral.

Un “caso limpio” para la ciencia nuclear

Desde el punto de vista de la comunidad científica internacional, Palomares ofrecía un escenario excepcional. A diferencia de una detonación nuclear, la contaminación era casi exclusiva de plutonio, sin interferencia de otros radionúclidos. Para los investigadores, se trataba de un “caso limpio”, imposible de reproducir en laboratorio.

Ese interés lo detectó rápidamente Wright Haskell Langham, investigador del Laboratorio Nacional de Los Álamos y responsable de la división de Investigación Biomédica. Langham, con experiencia previa en programas de experimentación humana como la Operación Sunshine, llegó a Palomares con el pretexto de evaluar el accidente y encontró una oportunidad científica irrepetible.

El nacimiento del Proyecto Indalo

Tras elaborar el mapa radiológico definitivo, Langham regresó acompañado de John Hall, alto cargo de la Atomic Energy Commission. Juntos plantearon un convenio de investigación a largo plazo entre Estados Unidos y la Junta de Energía Nuclear española. Así nació el Proyecto Indalo, sin debate público, sin control externo y sin garantías éticas explícitas.

El acuerdo incluía equipamiento avanzado y asesoramiento técnico, pero carecía de límites claros, plazos definidos o mecanismos de protección real para la población cuyos datos iban a ser analizados durante décadas.

Umbrales distintos según el país

El primer gran engaño fue normativo. En Estados Unidos, el nivel máximo aceptable de plutonio en suelo era de 0,13 microgramos por metro cuadrado. En Palomares, ese umbral se elevó primero a 460 y después hasta 1.000 microgramos, siguiendo criterios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado.

La consecuencia fue determinante: lo que en territorio estadounidense habría obligado a evacuar y limpiar, en Almería se calificó como “razonable” y “aceptable”. En términos comparativos, se permitió en Palomares hasta 3.554 veces más plutonio que en suelo norteamericano.

Limpieza parcial, contaminación intacta

La llamada “limpieza” fue otro elemento clave del relato oficial. La retirada efectiva de los primeros centímetros del suelo —la medida más eficaz— se aplicó solo de forma testimonial. En muchas zonas altamente contaminadas, los terrenos fueron cubiertos o enterrados, sin retirada real del material radiactivo.

Mientras se publicitaba una retirada modélica de residuos hacia Estados Unidos, en Almería permaneció la mayor parte de los cerca de nueve kilos de plutonio dispersados, una cantidad extraordinaria desde el punto de vista radiológico.

Vecinos convertidos en sujetos de estudio

En paralelo, comenzó la experimentación humana. Los vecinos se sometieron a controles médicos periódicos sin conocer su verdadera finalidad. Nunca se les informó de que formaban parte de un estudio internacional sobre la absorción de plutonio en humanos.

En junio de 1966 se seleccionó a 69 vecinos con mayor probabilidad de haber inhalado aerosoles el día del accidente. Durante tres meses se recogieron muestras de orina en Palomares. El resultado fue contundente: el 99 % dio positivo, algunos con niveles elevados.

Positivos invalidados, datos aprovechados

La reacción fue inmediata. Los resultados se invalidaron alegando una supuesta contaminación de las muestras, una hipótesis sin respaldo empírico. Sin embargo, esos mismos positivos sí se incorporaron a las fichas radiométricas individuales utilizadas por los investigadores.

Once meses después, los análisis se repitieron en Madrid. Los positivos descendieron al 29 %. El intervalo no fue casual: desde los años cincuenta se sabía que la excreción urinaria de plutonio podía reducirse hasta un 90 % en once meses. El método se repitió: esperar, repetir, minimizar.

Control, secretismo y silencio

Durante años, los vecinos viajaron a Madrid con gastos cubiertos y dietas generosas. El objetivo era asegurar la participación y evitar resistencias, mientras el secretismo era absoluto. Muchos solo conocieron la magnitud del problema a través de medios extranjeros como la BBC.

El acceso a los historiales clínicos fue bloqueado durante dos décadas. Solo en 1986, tras movilizaciones vecinales, se entregó parte de la documentación, cuando el CIEMAT temió el colapso del proyecto. Ni siquiera la llegada de la democracia alteró sustancialmente esta dinámica.

Un experimento de 43 años

El Proyecto Indalo se prolongó hasta 2009. En ese periodo se realizaron 13.753 análisis agrícolas y 5.004 determinaciones de plutonio en orina a 1.073 personas. Un total de 140 vecinos, el 13,04 %, presentó resultados positivos.

Todo ello se desarrolló sin consentimiento informado real, con criterios de seguridad radicalmente distintos a los aplicados en Estados Unidos. Lejos de ser un programa sanitario, Indalo funcionó como un instrumento de control del daño político, sustituyendo la limpieza integral del territorio por décadas de vigilancia interesada.onio.